Uno de los retos más grandes que ha enfrentado la democracia mexicana ha sido la consolidación del Estado de derecho.
De acuerdo con el estudio anual realizado por la organización no gubernamental World Justice Project (WJP), en el último año el país ha tenido un detrimento importante en la materia. Fueron más los estados con retrocesos que aquellos que mostraron avances.
Este deterioro se manifiesta en varias tendencias fundamentales como lo son el debilitamiento de los contrapesos institucionales, una contracción del espacio cívico, el deterioro en los sistemas de justicia penal y la falta de avances en materia anticorrupción.
Para que los ciudadanos puedan exigir el Estado de derecho imperante al que aspiramos, hay que partir de un entendimiento de éste como sistema que regula a las personas, las instituciones y las entidades sometiéndolas a la letra de la ley; sin distinción de condición social u otras condicionantes. Por lo que es tarea de las autoridades que la aplicación de la ley se promueva y se procure con equidad, con imparcialidad y apego a la constitución.
Bajo esa premisa, en nuestro país se padece un Estado permisivo con el crimen organizado, que lejos de fundarse en principios universales como las leyes justas, claras y permanentes, con rendición de cuentas, se ha inclinado hacia un sistema donde se debilita la división de poderes, se vulneran las libertades, se militariza la seguridad y se profundiza la falta de acceso a la procuración de justicia.
Los datos arrojados por el WJP lo exponen: Hay entidades con graves deficiencias en la impartición de justicia. Por una parte, no es extraño que los juzgadores estén afectados por la parcialidad, y los que se actúan con imparcialidad e independencia, son sujetos de estigmatización e incluso de persecución política.
También en los espacios cívicos se dio la contracción del Estado de derecho. Por ejemplo, basta observar lo que sucede diariamente con la prensa o miembros de partidos opositores que son objeto de señalamientos y confrontaciones por parte del Ejecutivo.
Desde el punto de vista de la actuación judicial en el respeto a los derechos humanos, en el último año el promedio nacional inclina la balanza hacia un poder público que no respeta derechos de las víctimas, las autoridades no se adhieren al debido proceso y en el sistema penal la corrupción se hace presente.
Un indicador de la investigación de WJP señala que, en el país, las muertes violentas y la percepción de inseguridad en los ciudadanos se incrementaron el último año, esto a pesar de que dicho estudio se realizó con anterioridad a los desafortunados eventos de agosto de 2022 en varios estados.
Hay datos que son escalofriantes. Sabemos que 90 por ciento de los delitos nunca se denuncian a la policía y solo 15 por ciento de los delitos denunciados se investigan, por lo que únicamente en 1.5 por ciento de los eventos se termina por aplicar la ley. La impunidad es más la norma que la excepción. Datos sin duda para reflexionar en dónde nos encontramos como país y a dónde queremos dirigir el rumbo.
La corrupción ha aumentado cada año con esquemas de asignaciones directas de obra pública que sobrepasan a las licitaciones, la falta de transparencia del uso de recursos públicos y el descubrimiento de más empresas fantasma que dan servicios al gobierno.
Como ya lo han señalado juristas y analistas, el verdadero problema de México no es la delincuencia ni la violencia por sí mismas, sino la ausencia de voluntad del gobierno para enfrenarlas y la deficiencia de las instituciones competentes para mantener el orden y lograr se respete la ley.
Más allá de discusiones ideológicas y de divergencias políticas, lo cierto es que hoy más que nunca se requiere voluntad política para el fortalecimiento del Estado de derecho.
