Desde la campaña por la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador dejó clara su animadversión por los organismos constitucionales autónomos, como el Instituto Nacional Electoral, así como entidades en las que la participación ciudadana formalmente incide en las decisiones públicas, como es el caso del Sistema Nacional Anticorrupción. Desde su punto de vista, los órganos autónomos y los organismos reguladores fueron creados para proteger los intereses de las élites económicas, partidarias e intelectuales.
Esta convicción ha impulsado diversas acciones tendientes a disminuir sus capacidades e independencia, y en casos extremos a su desaparición, acompañadas siempre de una agresivo discurso de desprestigio en contra de dichas entidades.
Coincidiendo con el grave escándalo que involucra al hijo mayor del Presidente y la esposa del primero, presuntamente por haber recibido favores indebidos de un contratista de Pemex, el Ejecutivo federal ha presentado una iniciativa mediante la cual se propone eliminar la autonomía técnica y de gestión de 16 organismos, entre ellos el Sistema Nacional Anticorrupción, respecto al cual prevé incluso la desaparición de la Secretaría Ejecutiva, su brazo operativo, lo que se traduciría en la ineficacia plena del ente de coordinación.
La abierta antipatía del presidente de la República por el Sistema Nacional Anticorrupción no es novedosa. Baste recordar que el órgano superior de este instituto, integrado por consejeros electos y por representantes de diversas secretarías clave, no se ha podido reunir formalmente en lo que va del sexenio. Baste decir que una vez que se vencieron los plazos para reemplazar a los funcionarios cuyos periodos llegaron a su fin, no se ha instalado, tal y como lo establece la ley, el Comité de Selección del SNA, lo que ha propiciado que se vuelva poco operativo.
Con los cambios propuestos en la iniciativa presidencial, se dañarán las capacidades del SNA para vigilar la ejecución del gasto público, las compras del gobierno y la fiscalización de los funcionarios. Sería cercenado, en palabras del Presidente de ese organismo, “el único brazo operativo que tiene el SNA”.
El Sistema Nacional Anticorrupción fue creado para vigilar que el Estado opere con transparencia, para atender las denuncias y los señalamientos ciudadanos de corrupción en el gobierno, para impedir que los funcionarios obtengan beneficios personales de los puestos públicos. En suma, para limitar el abuso y el mal uso del poder. Estas actividades quedarían gravemente comprometidas en su eficacia, de prosperar la iniciativa de la ley que impulsa el presidente de la República.
Es absolutamente incongruente que un político que a diario critica la corrupción de los gobiernos que lo precedieron y que cuestiona la integridad de sus adversarios, haya emprendido en contra del Sistema Nacional Anticorrupción una acción consistente y deliberada tendiente a reducir sus capacidades de fiscalización. El mensaje es claro y ominoso: el combate a la corrupción no constituye una prioridad para el actual gobierno.
Resulta paradójico, por decir lo menos, esta acción encaminada a tolerar y normalizar la corrupción, ya que el combate a dicho flagelo fue una de las principales banderas que enarboló el movimiento que encabezó el actual presidente de la República para acceder al poder. Luego de tres años de gobierno no se han dado avances sustantivos en este terreno.
Para los ciudadanos la corrupción sigue siendo una experiencia cotidiana en todas las áreas de gobierno. México ocupa el lugar 124, de entre 180 países, en el índice elaborado por Transparencia Internacional de percepción ciudadana de la corrupción. Otro importante indicador, el Índice de Estado de Derecho del Word Justice Proyect, publicado en 2021, coloca a nuestro país en el lugar 135 mundial y en el último lugar en América Latina en el rubro del uso del poder público para beneficios privados.
Es evidente que el combate a la corrupción en el actual gobierno federal no ha pasado del discurso a los hechos.
No basta con que el Presidente de la República se señale a sí mismo como honesto, e incluso que pueda serlo, para que el gobierno en su conjunto, especialmente su círculo familiar y políticamente más cercano, asuma la integridad como norma de actuación.
El discurso moralista del Presidente en los hechos no ha funcionado. No bastan los gestos voluntaristas para que la realidad se transforme.
Hace falta una estrategia articulada que se traduzca en mecanismos concretos de fiscalización y vigilancia. La política del ‘buen ejemplo’ ha resultado totalmente ineficaz. México requiere de instituciones sólidas y confiables, como el SNA que ahora se pretende vulnerar, y no meras consignas como la que señala que “no somos iguales”.
Resulta evidente que, de continuar la estrategia consistente en debilitar las atribuciones, independencia y presupuesto de las instituciones encargadas de promover y vigilar la integridad pública, el final del sexenio arrojará un balance negativo de opacidad y corrupción. Con la complicidad del Presidente o a pesar de él.
