Donald Trump está ansioso por intervenir militarmente en México. Debe irritarle mucho que la presidenta Sheinbaum no haya solicitado la participación de fuerzas armadas estadounidenses para confrontar a los narcotraficantes en suelo mexicano. Por lo pronto, esta semana ya lo hace en Ecuador.
Mientras levanta un polvorín en Medio Oriente, el pentágono informó el martes 3 de marzo por la noche que fuerzas de su ejército emprendieron acciones contra “organizaciones terroristas” (narcotraficantes) en territorio de Ecuador.
El gobierno de derecha que encabeza Daniel Noboa (con el que rompió relaciones diplomáticas el de México, en abril de 2024) convino en participar en tales acciones, las cuales forman parte de las que ha acometido Estados Unidos contra lanchas por la mera sospecha de que trafican drogas por el Caribe y el Pacifico. Nunca ha presentado pruebas de que atacara a delincuentes, pero al menos 151 personas han muerto a causa de esos ataques entre septiembre de 2025 que iniciaron, y finales de febrero de 2026.
El lunes se difundió una declaración conjunta del general Francis L. Donovan, jefe del comando del Sur con el presidente Noboa, emitida en Quito, en la que se reafirma la “cooperación y el compromiso de EUA” de apoyar los esfuerzos ecuatorianos al confrontar el “narcoterrorismo” y fortalecer la seguridad regional. Las acciones iniciadas en Ecuador serían “un poderoso ejemplo” de ese compromiso.
Aunque Ecuador no produce drogas, está en la ruta que sigue la producción de cocaína de Colombia y Perú hacia Europa y Estados Unidos.
Puede anticiparse mucho de lo que sucederá en Ecuador por lo que fue la intervención de Estados Unidos mediante el Plan Colombia (2000 a 2016) para combatir el narcotráfico en ese país sudamericano.
Con el Plan Colombia, el gobierno en Bogotá dejó de considerar al narcotráfico como delincuencia organizada para asumirlo como un conflicto armado interno, acorde con la perspectiva estadounidense de “narcoterrorismo”.
Se consideró al narcotráfico como parte del crimen organizado transnacional, un problema de seguridad pública, factor de violencia territorial y economía ilegal integrada al mercado global, lo que justificó que se militarizara la confrontación con sus organizaciones, asistida directamente por EUA.
En medio de esa reclasificación del narco, ocurrió la elección de Álvaro Uribe como presidente en 2002, a pesar de que se tenían sospechas de que fuera colaborador del cartel de Medellín desde 1991.
La National Security Archive (NSA), una organización civil con sede en la Universidad George Washington, de la capital estadounidense, dedicada a “recopilar, desclasificar y difundir documentos oficiales del gobierno de EU”, había publicado oficios de la Agencia de Inteligencia de la Defensa de Estados Unidos que incluían a Uribe en una lista de los narcotraficantes más importantes de Colombia.
Otros documentos revelados por la NSA daban constancia de presuntos vínculos de Uribe -ya como presidente- con paramilitares y con responsabilidad en la intensificación de los asesinatos de civiles presentados como guerrilleros.
Al frente del gobierno, Uribe encabezó un régimen autoritario, económicamente liberal, militarista que fue causante de mayores desigualdades, de la falta de oportunidades juveniles y de innumerables violaciones a derechos humanos. Pero ni presuntos vínculos con el narco ni el ejercicio autoritario del poder molesta a Washington de ningún gobierno, siempre que favorezca sus intereses.
Uribe fue el hombre fuerte del régimen colombiano durante 20 años hasta que, siendo presidente Gustavo Petro, fue enjuiciado y condenado el 29 de julio de 2025 a 12 años de prisión por delitos relacionados con soborno y fraude procesal en casos judiciales entablados por sus nexos con grupos paramilitares y con narcotraficantes. En septiembre de 2025, la Corte Suprema de Justicia resolvió dejarlo en libertad mientras continúa el proceso judicial.
Si el Plan Colombia habría logrado debilitar militarmente a las fuerzas insurgentes, como las FARC, y a grupos paramilitares, no eliminó el cultivo de coca; Colombia es ahora el primer productor de cocaína en el mundo, según la ONU; entre el 55% y 60% de lo que produce se vende en Estados Unidos pasando por Ecuador.
Otra “falla” del plan es que la confrontación durante 16 años con los grandes cárteles de Medellín y Cali fragmentó la organización del negocio; el narcotráfico se volvió descentralizado y diversificado, y las dinámicas de violencia criminal sumaron, además del microtráfico, la extorsión, los secuestros y los cobros de protección a negocios. Ya sufrimos en México lo que provocó la guerra de Calderón ordenada por Washington en 2006.
El cobro que Estados Unidos obtuvo por su cooperación, fue la instalación en Colombia de al menos nueve bases o estaciones militares con presencia permanente de soldados estadounidenses en territorio colombiano.
En Ecuador, EUA tuvo una base militar mediante acuerdo con el gobierno, conocida como la Base Aérea de Manta, que el antecesor de Noboa, Rafael Correa, de orientación izquierdista, se rehusó a renovar el acuerdo correspondiente y la base fue cerrada. Tener bases militares en territorio extranjero es importante para Washington; mantiene alrededor de 750 bases militares en el mundo y considera insuficiente el número de las que tiene en América Latina para su seguridad nacional.
Quienes se entusiasman con la posibilidad de la presencia militar estadounidense en México para acabar con la inseguridad que vivimos, deberían considerar la historia intervencionista de EU en América Latina, invariablemente desarrollada con la complicidad de gremios económicos y oposición política internos-, y saber que tales sucesos han dejado, en cada caso, muerte, inestabilidad política, resentimiento social y atraso económico.