En enero pasado, por primera vez desde 2009, disminuyó el número de empleos formales en México. Hace 16 años había estallado la peor crisis financiera internacional desde 1929.
En México se necesitan no menos de 1.2 millones de puestos de trabajo cada año para que los jóvenes que llegan a la edad laboral encuentren empleo. La economía mexicana está muy lejos de cubrir esa cuota; en 2024 sólo se generaron 109 mil puestos de trabajo formales y apenas 73 mil en 2025. En enero de este 2026 se perdieron 8 mil de esas plazas.
Cuidado con las aspiraciones juveniles frustradas. Sin trabajo, sin dinero y sin futuro, los jóvenes españoles, franceses, brasileños o chilenos han protagonizado estallidos sociales cada vez más enérgicos en los últimos años.
Como en México, en toda América Latina el empleo fuera del sistema fiscal y de pensiones reconocido por el Estado es un problema masivo, aunque hay diferencias.
En México se da la peculiar combinación entre un bajísimo crecimiento de la riqueza (PIB), con un dinamismo extraordinario de las exportaciones manufactureras y con un empleo informal que duplica el de Uruguay y es bastante mayor que el que padecen Brasil, Chile o Costa Rica.
El crecimiento total del PIB en 2025 fue de apenas entre 0.5% y 0.7%, de acuerdo con la Estimación Oportuna del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), publicada el viernes pasado. El PIB de 2024 fue un poco mejor, de 1.1%, aunque inferior al crecimiento poblacional.
En contraste, las exportaciones tuvieron un valor sin precedentes en 2025, cuando rebasaron los 664 mil 800 millones de dólares, 7.6 por ciento más que en 2024.
Es necesario hacer un poco de historia para entender cómo llegó México a esta paradójica combinación de ser una potencia exportadora cuya economía no crece, ni puede emplear dignamente a sus jóvenes.
A partir de la década de 1930 y hasta la de 1950, el régimen jugó un papel decisivo en tratar de convertir a los mexicanos ricos y rentistas en inversionistas que emprendieran negocios en una economía que aspiraba a ser capitalista moderna.
La política de fomento económico tuvo dos componentes fundamentales: la protección comercial externa de la industria que se fuera estableciendo, asegurándole así un mercado cautivo para sus productos, y el desarrollo de infraestructura básica en energía, vías de comunicación, puertos y servicios urbanos, así como instituciones escolares y las primeras de atención a la salud.
En ese marco, la Segunda Guerra Mundial contribuyó a estimular la industrialización por sustitución de importaciones de bienes de consumo para el mercado interno, protegido de la competencia externa, que funcionó; entre 1940 y 1951, la tasa de crecimiento del PIB alcanzó un promedio de 5.6% anual. Muy bueno.
Sin embargo, lo que se invertía en producir para un mercado cautivo no tuvo el acicate de que también se invirtiera en tecnología y competitividad y, por lo mismo, no se producían exportaciones suficientes que aportaran las divisas necesarias para pagar las importaciones que necesitaba para funcionar.
Desde la década de 1950 comenzaron a hacerse evidentes los problemas en la balanza comercial y la de pagos; la falta de competitividad externa hacía que el crecimiento de la industria fuera al ritmo de la expansión del mercado interno, el cual creció rápidamente durante los años sesenta, pero se detuvo porque al mismo tiempo empeoraba la distribución del ingreso.
Al campo se le asignó el papel de proveedor de alimentos básicos baratos, de manera que los salarios pagados a los trabajadores en la naciente industria también fueran bajos. A partir de 1959 comenzaron a ser insuficientes las cosechas nacionales de cereales y oleaginosas para cubrir la demanda nacional.
La principal debilidad del modelo fue que ni el empresariado ni la política de gobierno asumieron la necesaria integración de cadenas de valor desde los bienes de capital e intermedios hasta las mercancías de consumo final, lo que acentuaría la dependencia de la planta productiva nacional de importaciones que tendrían que pagarse con creciente endeudamiento externo, apertura a inversiones extranjeras, remesas de braceros y turismo.
El periodo 1970-1982 –los gobiernos de Luis Echeverría y de José López Portillo– se conoce como el del agotamiento del patrón de crecimiento por sustitución de importaciones a causa de las ineficiencias de la planta productiva, del déficit en la balanza de pagos, del creciente endeudamiento y de las insuficiencias recaudatorias para financiar el gasto e inversiones fiscales.
El crecimiento del déficit fiscal (Echeverría intentó una reforma fiscal que no prosperó por la posición del sector privado) y el de la cuenta corriente elevaron el endeudamiento público de 9 mil 220 millones de dólares en 1971 a 22 mil 710 en 1975 y a más de 80 mil mdd en 1982 cuando, en agosto de ese año, el gobierno de López Portillo anunció que no podía seguir cumpliendo con el servicio de la deuda externa.
A la crisis de la deuda no se le supo dar otra salida que abandonar el «nacionalismo económico» y adoptar el «Consenso de Washington» (decálogo del neoliberalismo).
Se abandonó el propósito de que fuera el mercado interno –y el abatimiento de las desigualdades– la plataforma del crecimiento productivo; el gobierno de Salinas de Gortari optó porque en su lugar se promovieran las exportaciones, que de inmediato quedaron bajo el dominio de corporaciones extranjeras que, en vez de producir, ensamblan o maquilan partes producidas en otros países y tienen una muy baja articulación con proveedores nacionales.
Ese modelo maquilador de exportación, de bajo impacto en crecimiento económico y empleo, es el que enmarca el actual T-MEC; ¿vale la pena hacer mayores concesiones para refrendarlo, a riesgo de que limiten severamente la soberanía en políticas que vuelvan a considerar a las regiones y la sociedad del país como la plataforma privilegiada del desarrollo?