La sucesión presidencial ya está encarrerada entre 22 aspirantes a suceder a López Obrador, aunque las sumas y restas seguirán por un tiempo; además de la presidencia de la República se elegirá también a la totalidad de la Cámara de Senadores y de la de Diputados; la jefatura del gobierno de la Ciudad de México, las autoridades de las 16 alcaldías de la CDMX, 8 gubernaturas, los 31 congresos locales de los estados y 1580 autoridades municipales.
Entre lo mucho que está en juego, destaca la posibilidad de que la 4T siga avanzando con apoyo de una mayoría en el Congreso que le evite contratiempos mayores, o por el contrario, que las elecciones legislativas resulten en lo que intelectuales académicos y opinócratas entienden como pilar de la democracia, es decir, un equilibrio de pesos y contrapesos entre los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo.
Y sería tal pilar a condición de que los ideales liberales y los democráticos se concretaran en libertad e igualdad en la intervención del pueblo al definir la orientación del progreso de la sociedad, es decir, que de esa compatibilidad libertaria e igualitaria surgiera un proyecto nacional consensuado.
En ausencia de tales ideales, acciones y acuerdo sobre un destino común, la división de poderes en equilibrio se juega para generar obstáculos, sin más sentido que frenar al gobierno desde la oposición.
Las fuerzas de oposición al gobierno harán creer que las elecciones de 2024 determinarán la suerte política de México como un país democrático o autoritario. Lo real es que cualquiera de los dos resultados, sea el camino allanado para la 4T o contrapesos que la frenen, difícilmente calificarán como democráticos.
Y es que sin actores demócratas el proceso no será un ejercicio democrático; será un espectáculo en el que los participantes estarán invocando constantemente a la democracia, aunque los dirigentes de los siete partidos contendientes tendrían que morderse la lengua cada vez que la mencionen.
Para salir a escena, todas las agrupaciones políticas y las autoidentificadas como sociedad civil organizada que están detrás de la alianza “Va por México”, han llegado al acuerdo calificado como “histórico” por ellas mismas, de consultar a la sociedad sobre cuál de los aspirantes sería el abanderado de la alianza en la contienda por la presidencia de la república; PRI-PAN y PRD pretenden ciudadanizarse, como se les adelantó a hacerlo Morena y sus aliados, el PT y el PVEM.
Pero sabido es que la ciudadanización no se improvisa, se trabaja con tiempo y los partidos más viejos nunca han estado cerca de la ciudadanía que dice representar cada uno; las cúpulas dirigentes lo han decidido todo, desde candidaturas hasta el manejo de las milmillonarias prerrogativas que se les entregan.
La ciudadanía tendría mucho que aportar para que tal ciudadanización no quede en apariencia fugaz, pero como ha dicho Roy Campos en varios foros y el sábado pasado en el Centro Tepoztlán Víctor L Urquidi, el votante no favorece al candidato que parezca mejor gestor de gobierno, ni al que garantice la unidad, sino al que logra conmover emociones.
En México el personaje carismático con aires de caudillo tiene más arrastre que quien proponga medidas prácticas, y es que desde el siglo XIX se adaptó la democracia liberal como vocabulario, como ideología y como estrategia económica, pero no como modo de vida política. No tenemos experiencia democrática; durante el siglo XX nos gobernó el priato de casi ochenta años, el panismo cobarde de Vicente Fox, el de Calderón y su guerra al narco, el dejar robar de Peña Nieto y ahora, aunque López Obrador considera que su gobierno es más democrático por su acercamiento a la base más numerosa de la pirámide social, no ha ejercido el diálogo necesario con las clases medias y otros sectores actuantes en la sociedad.
Veremos si las elecciones más grandes de la historia y las consultas ciudadanas significan un paso en la madurez de instituciones y cultura política de los mexicanos frente al poder.