Del juicio judicial iniciado contra el expresidente Donald Trump sólo caben dos posibilidades: que entre a la cárcel o salga políticamente fortalecido. Lamentablemente no están bajo juicio los grandes crímenes sociales que cometió su administración, a causa de los cuales se acentuaron las desigualdades y la pobreza, murieron miles de estadounidenses por el manejo de la pandemia del covid-19 y se polarizó a la sociedad con una narrativa basada en el racismo y el miedo al otro.
Su objetivo explícito fue atacar sin cuartel la noción, instituciones y legalidad de lo público y del interés común como el que representan asuntos relativos a la seguridad social gratuita, los programas contra el hambre y otros de alcance mundial, como el cambio climático, que se negó terminantemente a reconocer hasta retirar a Estados Unidos de los esfuerzos internacionales para mitigarlo. Hizo lo contrario a colaborar: desactivó cualquier restricción al uso de combustibles fósiles en EU a pesar de los estudios científicos que han demostrado las causas del calentamiento global.
Los principios del proyecto político y económico de Trump podrían volver a dominar la política de EU: fueron la deconstrucción del Estado regulador, una ofensiva sin cuartel contra los compromisos y los servicios sociales del Estado, la justificación de esa ofensiva con un discurso que instiga el miedo racial y a los inmigrantes mexicanos o islamistas, o de cualquier civilización diferente a la que afirma la supremacía blanca, anglosajona y protestante.
Steve Bannon, consejero principal de la campaña que llevó a Trump a la presidencia, reveló los objetivos ocultos de la administración cuando dijo que el objetivo era la deconstrucción administrativa del Estado en lo tocante a las leyes e instituciones encargadas de proteger a la población y sus derechos.
La idea era proteger, en vez de los derechos sociales, a las grandes corporaciones transnacionales a las que se les dieron poder sin restricciones ni interferencias de parte del Estado y total libertad de acción por encima del interés público. Con Trump, las grandes corporaciones tomaron el poder de manera descarada para diseñar leyes y políticas a su conveniencia.
No debe extrañar que hoy por hoy, Estados Unidos sea la economía más desigual y con más pobres entre las naciones desarrolladas; su índice de distribución de la riqueza es mucho peor que el europeo y aún peor ahora que el de Rusia y Asia Central. Según el Informe sobre la Desigualdad Global 2022, del World Inequality Lab, al 1 por ciento más rico de los estadounidenses, Trump le redujo los impuestos desde una participación del 21.8 por ciento en 2017 a 20.08 en 2019, último dato disponible.
Para sacar adelante sus políticas profundamente injustas, Trump se valió del conocido truco de divide para vencer y si la fórmula es políticamente válida, se vuelve repugnante cuando se esgrimen argumentos raciales o misóginos, o el que considera que “la tortura funciona” y con esas palabras se busca exacerbar odios irracionales entre los trabajadores blancos, anglosajones y protestantes que le creyeron al mismo tiempo que se iban empobreciendo en ingresos salariales y servicios sociales.
La administración de Trump actuó por encima de las leyes y normas vigentes, convencida de que saldría impune. Las acusaciones judiciales que tiene Trump en contra son graves, lo encarcelarían por 20 años, pero no lo es menos la polarización económica e ideológico política que contribuyó a decantar durante los cuatro años que gobernó su país. Ese juicio no está siquiera planteado por los partidos o la prensa, ni por la opinión pública; el trumpismo puede volver al poder.