La revista inglesa The Economist acaba de publicar su índice de «capitalismo de cuates» después de 20 años transcurridos desde su entrega anterior.
El capitalismo de amigos del poder político es la acumulación de riqueza empresarial que se obtiene por influencias políticas y por encima de las reglas de eficiencia y competitividad que suponen los mercados.
En el índice de cada país están los superricos con más de mil millones de dólares en su haber y cuánto representa esa riqueza del PIB nacional, diferenciando entre la que tiene que ver con contratos, concesiones o prebendas del gobierno y la que deriva de negocios ajenos a cualquier canonjía.
El índice echa luces sobre el indebido poder político del que dispone una oligarquía con poder económico.
No hay nación del mundo en la que algún círculo de poder económico no reciba favores del poder político. Pero cuando el peso de ese trato privilegiado a una minoría es excesivo en ramas estratégicas de la economía -banca, energía, telecomunicaciones-, las oportunidades para otros inversionistas en cualquier campo se reducen o cancelan.
Los milmillonarios mexicanos acaparan 10 por ciento del PIB nacional, pero sólo uno por ciento lo generan negocios alejados del gobierno. En Alemania, por ejemplo, los superricos controlan alrededor de 19 por ciento del PIB, pero menos de uno por ciento se asocia a oportunidades que se obtienen por influencias políticas.
Consideremos que el peso excesivo de una oligarquía privilegiada por el gobierno resulta de factores como la corrupción, la inadecuada legislación o fragilidad institucional para hacerla valer, y de las actitudes y cultura empresarial forjadas por la historia.
La oligarquía de México -con su control de 10 por ciento del PIB nacional- es la quinta políticamente más poderosa entre los 43 países que cubre el índice de The Economist, y es constatable que lo ha conseguido por la cercanía que históricamente ha mantenido a un gobierno débil y altamente corrupto.
La cultura de esa oligarquía no es precisamente emprendedora: durante todo el siglo XIX no hubo inversionistas nacionales dispuestos a correr riegos y los liberales tuvieron que atraer capitalistas extranjeros, en cuyas manos el porfiriato dejó entre 90 y 100 por ciento de actividades como la minería, el petróleo y la agricultura de exportación.
La Revolución mexicana recuperó esas actividades pero sobre todo, la Revolución hecha gobierno creó el empresariado en torno a una industrialización de «invernadero», protegida con aranceles y favores fiscales que garantizaran su rentabilidad.
De ese empresariado, prohijado por el gobierno durante gran parte del siglo pasado, el que se vinculó a la banca, a la construcción de obra pública y a la explotación de recursos naturales como la minería, fue el que acumuló más poder económico y político.
Desde entonces, han venido aumentando las élites económicas con poder en el gobierno; la venta de empresas públicas durante el salinato generó nuevos grupos oligarcas, dueños de las telecomunicaciones y de las televisoras.
La enajenación que decretó Ernesto Zedillo de la banca a corporaciones extranjeras creó la más poderosa oligarquía, quizás la única que desafía por sí sola a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la federación.
Por su parte, López Obrador está creando una nueva oligarquía que suma a la fuerza de las armas propia del Ejército y de la Armada, un gran poder económico y político con la ventaja adicional de que no está sujeta, como los civiles, a la transparencia ni a la rendición de cuentas.
La conjunción de poder económico y político en élites civiles representa el verdadero conservadurismo en defensa de sus posiciones de privilegio; por la misma lógica defensiva debemos temer que el empoderamiento económico y político de las fuerzas militares hará irreversible la preeminencia adquirida en el gobierno y en la vida política nacional.