La relación entre una política democrática que viera realmente por los derechos ciudadanos a la libertad y la igualdad jurídica, y una política dedicada a asegurar los derechos de los propietarios en su encuentro en los mercados, es muy conflictiva; en épocas de auge económico esa controversia pierde visibilidad, pero después de cuatro décadas de bajo crecimiento económico y de neoliberalismo, las tensiones sociales surgen y crecen por todas partes, y lo están haciendo con conciencia creciente acerca de las causas.
La controversia entre democracia y mercados está en el DNA del Estado moderno, que surgió con la independencia de Estados Unidos; se vio claramente entonces que la propiedad individual se concentraría en minorías ante lo cual, los primeros constituyentes se preguntaron ¿qué pasaría si la igualdad política permitiera, o incluso promoviera, la tiranía de las mayorías?
Su decisión fue franca en favor de que las leyes del Estado pusieran los imperativos mercantiles por encima de la libertad ciudadana y de la igualdad jurídica de las personas; James Madison, artífice del constitucionalismo estadounidense, consideró que debían organizarse procesos de votación y controles y contrapesos con el fin de «proteger a la minoría opulenta de la mayoría». (Fue hasta 1965 cuando dejó de estar condicionado el derecho al voto de los afroamericanos en EUA).
El Estado moderno sigue funcionando sobre la premisa de evitar la “tiranía de la mayoría” que pudiera interferir en los negocios, y no le ha ido mal, hasta ahora, cuando ya se le cuestionan premisas básicas que llevan a socialdemócratas y otros grupos con influencia política a pensar cómo salvar al capitalismo de sus excesos.
Durante el cuarto de siglo siguiente a la segunda guerra mundial no sólo se logró atemperar la conflictiva entre derechos privados e igualdad jurídica como requisito de la libertad, sino alimentar la ilusión de que la igualdad y el libre consentimiento que rigen entre los propietarios en los mercados, los hacía extensivos a todos el Estado benefactor en Europa, los buenos servicios públicos y el seguro de desempleo en EUA y en México, los avances sociales prometidos por la Revolución.
Al reducirse los márgenes de utilidad y el dinamismo de las inversiones productivas se estableció el neoliberalismo que durante cuatro décadas asoció la libertad a la capacidad de corporaciones e individuos de sacar provecho de las desigualdades. En todas partes se fusionaron grandes empresas y desaparecieron otras miles, bajaron las remuneraciones al trabajo, los planes de jubilación se hicieron más tardíos, los servicios públicos también se precarizaron.
Martin Wolf, editor asociado de The Financial Times, un diario inglés conservador, resume esa situación cuando dice que “La inseguridad que el capitalismo de laissez-faire genera para la gran mayoría que posee pocos activos y no puede asegurarse o protegerse contra desgracias tan obvias como la pérdida inesperada de un trabajo o una enfermedad incapacitante, es en última instancia incompatible con la democracia”.
Una economía que no ofrece seguridad y buenos servicios públicos también es incompatible con las expectativas colectivas en un mejor futuro, y no hay instrumento de gobierno más eficaz que las expectativas ciudadanas de mejoría; perdidas éstas, las protestas sociales están teniendo como respuesta cada vez más frecuente la autocracia, la plutocracia, el populismo de derecha y el de “izquierda”.
No obstante, el mercado sigue siendo la medida de todas las cosas. Los gobiernos en funciones no están en aptitud de imaginar un tipo de mercados que concilien los derechos de propiedad y los derechos de los ciudadanos a tener una vida colectiva con libertad plena.
Aún entre las propuestas que no proponen hacer una revolución sino corregir los excesos del capitalismo, hay un radicalismo consistente en dar prioridad a los derechos ciudadanos por encima de los derechos de propiedad que presiden las relaciones de intercambio; consisten en que la democracia se haga cargo de atemperar los efectos sociales de la apropiación privada, legítima conforme al estado de derecho, de los beneficios del trabajo colectivo.