Los desaires entre los representantes de los tres poderes de la Unión dieron la nota de la ceremonia por el 106 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La celebración debió ser motivo de análisis del marco de legalidad del país porque está deformado, como lo están los objetivos y la ruta del proyecto nacional que alguna vez representó nuestra Carta Magna.
Habrá que abrir la discusión de las deformaciones de nuestra Constitución como uno de los problemas mayores de México; siendo el marco jurídico-político de la vida del país, está tan deformado por casi seiscientas reformas que se le han hecho desde su promulgación, que es una causa de la incapacidad institucional del Estado para responder a las demandas sociales.
El vaciamiento de autoridad del Estado tiene a la corrupción sistémica como una de sus principales causas, pero también es importante el desdibujamiento del pacto constitucional.
Hay que recordar que toda Constitución Política es eficaz en constituir a la nación, a condición de que sea el compendio de los objetivos del proyecto nacional, de los derechos ciudadanos y de las responsabilidades y facultades de los gobernantes.
Nuestra Constitución no ofrece la protección del Estado de derecho, ni limita el alcance de las decisiones del gobierno. Tampoco es guía de propósitos nacionales y de acciones de las instituciones, las cuales están rebasadas, internamente por la pobreza, la corrupción, la ineptitud y la violencia, y externamente por la cesión de largos tramos de soberanía con la que también se han cedido principios y valores, y se van perdiendo mitos y tradiciones que constituyen la identidad de una nación con historia.
Los cambios hechos a la Constitución la fueron deformando en favor de intereses concretos. Con agudeza, Diego Valadés, connotado constitucionalista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, escribió hace años, refiriéndose a las reformas que ha sufrido la Carta Magna, que pasamos de tener una Constitución para atender al pueblo, a la que convenía a la élite gobernante y después, en el contexto neoliberal, a una Constitución conveniente a la élite económica internacional.
En efecto, durante los últimos 40 años las reformas sirvieron para introducir elementos del «Consenso de Washington» (desincorporación de empresas, desregulación mercantil, desprotección ante el comercio exterior) y para consignar la desincorporación de empresas públicas y bancos mediante arreglos con intereses particulares.
La Constitución no se actualizó en esos años conforme a sus propios principios sino a los planes de integración, en calidad de cabús, a la economía política global y de Estados Unidos en particular.
Por adaptaciones sin principios propios a exigencias ajenas al orden jurídico, al sistema político y a la vida cultural del país, la Constitución dejó de ser la expresión jurídico política de la unidad social y de la identificación colectiva de propósitos a alcanzar que nos sean comunes.
El 5 de febrero pasado también se perdió la ocasión de abrir el debate sobre las reformas que ha promovido la 4T, para esclarecer si en verdad constituyen una nueva manera de recuperar un proyecto nacional genuino, propio, significante, convocante y conmovedor del entusiasmo social, o no.