Vuelve el presidente López Obrador a acusar a un escritor y periodista de que su motivación para difundir un hallazgo de interés público sea que ya no recibe dinero del gobierno. No conozco a Guillermo Sheridan, pero lo que descubrió -si la UNAM corrobora que la tesis de la ministra Yasmín Esquivel Mossa es un plagio- no sería una falta menor ni un pecadillo que pueda pasarse por alto, sino una engañifa de graves consecuencias.
La Universidad Nacional Autónoma de México tendrá que desmentir o corroborar los señalamientos en contra de la ministra Esquivel. El 26 de diciembre, por la mañana, el presidente aseguró que respaldaría el veredicto de la UNAM; hasta que se conozca, ninguna institución debería tratar de minimizar el asunto, y menos la presidencial.
El rector Enrique Graue Wiechers, que ha sostenido diferencias con el gobierno de la 4T, afirmó el 31 de diciembre que el Comité de Integridad Académica y Científica de la FES Aragón recibió un “testimonio notariado que contiene un escrito de quien sustentó su tesis en 1986 (Ulises Baez), expresando que utilizó varias referencias, textos y partes importantes del contenido de la tesis publicada posteriormente, en 1987″.
No suena lógico. La ministra Esquivel denunció en la PJ de la CDMX el plagio de su «proyecto» de tesis, elaborado en 1985, pero es académicamente increíble que un proyecto ya contuviera el 90 por ciento del texto de la tesis presentada en 1986, idéntico en esa misma proporción al contenido de la tesis de la ministra Esquivel presentada en 1987.
El lío en el que la ministra metería a la Suprema Corte de Justicia si resultara señalada por la UNAM como la plagiaria, puede ser inmenso si por esa causa, se le invalidara su título como abogada. Está por verse lo que determine la FES Aragón en los dos sentidos: quién fue el plagiario y si se le invalidaría su título al culpable, que sería lo procedente porque entre los requisitos para obtener una licenciatura que estaban vigentes en 1987, destaca la presentación de una tesis original.
Si fuera la magistrada quien perdiera su título universitario, incumpliría con el requisito constitucional de ser licenciado en derecho para ser ministro de la SCJN, y procedería su despido.
Por su parte, la Suprema Corte tendría que revisar las resoluciones en las que ella hubiera participado para saber si su voto fue determinante en un desempate de los once magistrados, lo que llevaría a nuevas votaciones sobre esos asuntos.
La elección de la ministra Norma Lucía Piña Hernández se resolvió con seis de los once votos posibles. El periódico Reforma reveló ayer los nombres de los ministros que votaron por cualquiera de sus colegas; en su mañanera el presidente dio la misma información.
La ministra Yasmín Esquivel votó en favor de la ministra Piña, que derrotó al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien estuvo cerca de ganar con cinco votos. Si la ministra Esquivel pierde su título de abogada, tendría que repetirse la elección de la presidenta Piña -o de cualquier otro ministro a quien favoreciera la votación.