La recuperación de una convivencia sin tanta violencia y muerte como la que satura casi todos los noticieros de TV, sino en paz como es el anhelo de millones de familias y que la Iglesia católica hace suyo y convoca a unirse en oración el próximo 10 de julio e “iniciar los procesos de perdón personal y social que el momento actual exige”, tiene requisitos básicos e indispensables.
La pérdida de la armonía y de la tranquilidad no sólo es por causa de la violencia criminal como suele asumirse sino que es, básicamente, el síntoma de un pacto social roto, que ha dejado lugar a la pérdida de confianza en las instituciones y a la descomposición del llamado ‘tejido social’.
La violencia criminal requiere un tratamiento propio, pero lo primero es poner al día aquello que los ciudadanos tenemos derecho a esperar de nuestros conciudadanos y del Estado que nos representa, y que nos ha sido arrebatado por la prevalencia aplastante de los negocios empresariales sobre el interés colectivo a partir del gobierno de Carlos Salinas de Gortari.
Se requiere pactar un nuevo equilibrio que revalore la seguridad y el bienestar social que desde hace décadas se atienden de mal en peor al haberse convertido en oportunidades de negocios privados lo que eran responsabilidades públicas en salud y educación, y diversas actividades estratégicas para el desarrollo equilibrado.
En México la economía mixta operó un largo periodo de prosperidad sostenido en realidades concretas y percepciones ideológicas; durante décadas, tuvimos certezas en que los ingresos podían mejorar con empleos relativamente estables, con acceso a una educación pública de buena calidad y que los riesgos por enfermedad y los que acompañan al envejecimiento, estaban adecuadamente repartidos en un sistema de salud y seguridad social -representado por el IMSS- que fue ejemplo internacional.
El principio ideológico de entonces remitía a la idea de que se trabajaba en favor de la justicia social, aceptado como propósito común.
Hoy por hoy se han perdido las certezas en un progreso personal y familiar basado en mejores ingresos, porque la movilidad social no sólo se estancó, sino que se hizo regresiva; dejar de ser pobre se volvió imposible en México, en parte porque no tenemos educación ni salud públicas aceptables, ni oportunidades de empleos estables y bien remuneradas.
Y es que las políticas públicas que han regido las relaciones económicas y modelado las percepciones y conductas subjetivas, se apegaron durante décadas al mandato ideológico de adaptarnos a vivir en permanente competencia, en una lucha de unos contra otros conforme a las reglas de mercado que, carente de ética, justifican el éxito ganado ‘a como dé lugar’ y la miseria de los perdedores.
En esas condiciones, que la 4T de López Obrador tiene mayor voluntad que tiempo y capacidad para cambiar, es inevitable que la convivencia se siga cargando de desconfianza, inseguridad, individualismo, abusos y violencia civil, y que ocurran cosas como la de aquel adolescente que le llamó a su mamá por teléfono para avisarle que tenía que cuidar a un secuestrado, por lo que no llegaría a dormir, a lo que la madre le respondió que se abrigara bien.
En ese tono social, lamentablemente muy difundido, es imposible contener la violencia criminal. Reconstituir a la nación exige que vuelva a ser la sociedad organizada en el Estado, y no el mercado, el que asegure, con sentido solidario, los mínimos de bienestar sin exclusiones y que se restablezca el derecho de todos a tener confianza en que el futuro podría mejor.