Contracorriente

(In)seguridad alimentaria

México es el décimo productor agroalimentario, Segalmex debe analizar alternativas para fomentar la productividad del campesinado de subsistencia.

Efectivamente, presidente, a la UNAM no la han podido destruir.

Así como el dinamismo industrial de México depende de las exportaciones de una pequeña minoría de empresas, que no forman sinergia con 99 por ciento de las Mipymes, el sector agropecuario es una potencia exportadora de frutas y hortalizas, y de algunos productos agroindustriales, pero tampoco integra actividades ni beneficios con los campesinos en pequeño.

México, hay que decirlo, es el décimo productor agroalimentario en el mundo y el valor de las exportaciones de frutas y hortalizas lo colocan como el séptimo exportador del planeta, logro que es de sólo el 9 por ciento de unidades agropecuarias pujantes y dinámicas. También los productos agroindustriales, como la cerveza y el tequila, se venden mucho afuera. ¡Salud!

Tener sectores de punta en la competencia por los mercados del mundo que no forman cadenas de valor internas es una característica principal del subdesarrollo y causa, también principal, de la marginación y pobreza de millones de compatriotas.

La lógica de los mercados se opone a semejantes sinergias, por lo que corresponde a la política económica promoverlas; en eso consiste, en buena parte, el éxito que tuvieron los ‘tigres asiáticos’ a partir de los años cincuenta del siglo pasado.

De vuelta a la situación agrícola del país, establecido el éxito exportador en frutas, hortalizas y agroindustrias, no hay que perder de vista que este año se tendrá que importar 46 por ciento del consumo nacional de granos y oleaginosas, volúmen sin precedentes que, junto con los precios, van en rapído aumento desde el año pasado y siguen al alza.

Entre enero y julio de este 2021 se tuvieron que pagar 4 mil 317 millones de dólares, la factura más alta desde que hay registro para un periodo similar; cifras del Banco de México indican que el costo de las compras foráneas de frijol, maíz, trigo, café y arroz se disparó 54 por ciento durante los primeros siete meses de este 2021.

Aumentó el precio y bajó el volúmen producido. Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, explicó que la mayor importación de granos básicos para la alimentación mexicana es consecuencia de las fuertes sequías que obligaron a reducir la superficie de siembra.

La dependencia del país en alimentos básicos (la FAO recomienda que las importaciones no superen 25 por ciento del consumo) no es nada nuevo; lo peculiar de la actualidad son dos cosas: que las mayores consecuencias del calentamiento global ya tienen repercuciones en la agricultura, imprevisibles a futuro con un solo elemento de certeza: serán cada vez más catastróficas en detrimento de la disponibilidad de alimentos en el país y en muchos otros.

El segundo elemento novedoso es que por primera vez en casi un siglo, el gobierno intenta equilibrar la estructura productiva del campo; para ello diseñó el Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, que tiene como objetivo prioritario lograr la autosuficiencia alimentaria “vía el aumento de la producción y la productividad agropecuaria y acuícola pesquera” y elevar los ingresos de los productores “históricamente excluidos en las actividades productivas rurales y costeras”.

Son dos objetivos contradictorios. Para conseguirlos se contemplan varias medidas tradicionales como -acceso a insumos de calidad, apoyos para la innovación tecnológica, capacitación y organización, y facilidades de crédito. Lo nuevo es el Programa de Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos dirigido a los pequeños productores rurales de maíz, frijol, trigo panificable, arroz y leche.

De las 5.4 millones de unidades agropecuarias del país, los beneficiarios del programa serían, tomando como ejemplo el maíz, los productores con menos de cinco hectáreas de temporal que producen para el autoconsumo (22 por ciento de ellos), los de subsistencia con alguna vinculación al mercado (50.6 por ciento) y los transicionales (otro 8.3 por ciento); entre todos los beneficiarios sería 80.9 por ciento de los campesinos.

El manejo del dinero y la recaudación de comprobantes debe generarle muchos problemas de adminsitración a Segalmex y a la Auditoría Superior; pero sobre todo, el programa tiene un problema sustantivo y es que persigue dos objetivos que se contraponen: por un lado, disminuir la dependencia de las importaciones en granos básicos alimentarios y leche y, por otro lado, incrementar los ingresos de los productores agropecuarios más pobres en recursos y grandes urgencias de sobrevivencia.

No es realista suponer que los diez mil pesos que en el mejor de los casos llegara a recibir como ingreso adicional cada año, un productor de diez toneladas en cinco hectáreas, lo destinará a comprar semillas o fertilizantes para mejorar su productividad, teniendo la familia grandes urgencias, como pagarle a agiotistas, mejorar su vivienda, atender gastos médicos o tantos otros de su precaria situación.

El hecho es que las evaluaciones del programa -como las de Coneval- no han encontrado evidencia alguna de aumentos en productividad de los predios beneficiarios con el precio de garantía alzado desde 2019 hasta hoy. Segalmex tendría que profundizar en el análisis de alternativas para fomentar la productividad y la producción del campesinado de subsistencia, como sugiere Coneval.

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