Lo que se juega en la elección del 6 de junio es, sencillamente, la continuidad o la discontinuidad del proyecto de gobierno del presidente López Obrador. Hay fuerzas conscientes de sus intereses que están dispuestas a interrumpirlo y otras decididas a que retenga la iniciativa y siga avanzando.
Para la gran mayoría de los que acudiremos a votar, son legítimos los propósitos del proyecto en materia de justicia, equidad, freno a la corrupción, respeto a la propiedad, apertura a la participación ciudadana.
Los cómo –la instrumentación- del proyecto pasa por una efectiva transformación de la política económica para que, sin miedo a los riesgos, se intente evitar que sigan operando grupos de gran poder económico detrás de los mercados (por lo que pagamos sobreprecios) y que sigan medrando en el Estado para quedarse con todos los beneficios.
Hay un acuerdo mayoritario en las metas. Los cómo dan motivos de preocupación. Hay que tomar en cuenta que, como cualquier proyecto de transformación, una cosa es su diseño y propósitos, y otra su implantación, ya que sus oportunidades de avance dependen de contextos y contingencias imprevisibles, y también de aciertos o errores en las decisiones.
No hay momento más peligroso en las transiciones sociales, decía Gramsci, que aquel en el que lo nuevo no acaba de nacer y lo viejo no acaba de morir. El riesgo es perder las metas que tienen aceptación de la mayoría social.
Se le pueden señalar errores al gobierno; la dudosa eficacia de la política social, la mal entendida austeridad y la bajísima inversión pública en infraestructura y, en materia política, la división de la sociedad y haber metido en el mismo saco a opositores irreductibles junto con clases medias, con todas las organizaciones civiles y millones de empresas de todos tamaños.
Sin embargo, el mayor problema político en México es que las élites económicas no comparten los principios básicos ni los propósitos últimos del proyecto de país que persigue el gobierno; si lo hicieran, pugnarían sólo por los modos de instrumentación, pero no están dispuestas a ceder poder en los mercados ni en las instituciones del Estado.
En situaciones en las que hay consenso entre élites, gobierno y sociedad, no se disputa el qué hacer sino el cómo y a qué ritmo avanzar; en tal situación, funciona bien un régimen en el que cada poder tenga contrapesos, cuyos equilibrios resulten del juego democrático liberal.
Las oposiciones al proyecto del gobierno, por intereses reales y en muchos casos por meras percepciones, antes que argumentar, adjetivan y sentencian, lo cual no favorece la conversación pública tendiente a comprender mejor los tiempos extraordinarios que vivimos y los riesgos de un fracaso.
Esas oposiciones están en su papel, haciendo todo lo que pueden para que tras la elección de diputados del 6 de junio próximo, Morena pierda la mayoría, situación que limitaría la iniciativa del gobierno para seguir haciendo cambios legales e institucionales. Sería un gobierno dividido con menor capacidad de transformación.
Veremos después del 6 de junio, cuando terminen por conocerse los resultados oficiales de la elección de 500 diputados federales, de 15 gubernaturas, de miles de presidencias municipales y de 30 congresos locales cómo queda el balance entre el gobierno y su oposición, y la continuidad o discontinuidad de la 4T.