Contracorriente

Democracia y libertad

López Obrador no deja de repetir que su gobierno ejerce una mejor democracia que la del pasado; sus adversarios lo acusan de ser una amenaza para las libertades políticas.

No hay conferencia mañanera del presidente López Obrador en la que no repita que su gobierno ejerce una mejor democracia que la del pasado; por su parte, sus adversarios lo acusan de ser una amenaza para las libertades políticas.

La relación entre democracia y libertad política no está libre de tensiones, lo que contribuye a que en países de bajo desarrollo democrático, como México, no tengan el mismo significado para todos los sectores; es decir, democracia y libertad son una cosa para los sectores populares y otra para las élites de gran poder económico y las clases medias acomodadas.

La novedad democrática que les ofrece AMLO a las mayorías recurre al liderazgo carismático para establecer una cercanía y un vínculo recíproco con el Estado que nunca habían experimentado, el cual podría convertirse en un poder relativamente efectivo para plantear sus reivindicaciones.

Las cúpulas empresariales y sectores de clases medias ven ese empoderamiento popular y su eventual derivación en reclamos de equidad, como exacerbación de resentimientos sociales y amenazas a los derechos de propiedad.

Las élites empresariales entienden la eficacia democrática como la eficacia de las limitaciones a lo que puede hacer el gobierno, y les parece que el de AMLO está haciendo más de lo que debería al desplazarlos de su acostumbrada cercanía y vínculos recíprocos con el poder, para ejercerlo con criterios sociales y políticos de carácter populista.

En la práctica, la diferencia de criterios sobre la democracia se ha hecho abismal; algunos intereses económicos de mala o pésima presentación han sido afectados, pero sobre todo, lo que no le perdonan a AMLO la élites económicas, es que les haya coartado la influencia de sus poderosos emporios en el quehacer legislativo y en la administración pública de la que tanto se beneficiaron, en perjuicio de miles de otros empresarios y del crecimiento económico y del empleo en el país.

Enrarece más el ambiente que el presidente López Obrador se refiera siempre a los empresarios como si todos fueran una élite que hubiera formado sus empresas con los favores del poder político. Eso sólo es cierto para una minoría, con las excepciones de rigor, pero no para la gran mayoría de los empresarios que más bien, pierden con los privilegios y acuerdos de corrupción con que se han hecho algunos de los grandes negocios; la democrática cercanía entre Estado y ciudadanos de la que habla AMLO, no ha incluido a miles de pequeños y medianos emprendedores.

La democracia que lleva mucho tiempo construyéndose en México, sigue formalmente el modelo liberal, representativo y constitucional, pero en la práctica, los partidos políticos no han cumplido su papel como representantes de los ciudadanos; en vez de libertad política, quedamos forzados a acatar las decisiones que toman ellos mismos y las autoridades. No ha habido mecanismos por los que podamos participar en las decisiones del poder ni, llegado el caso, para sancionar sus malas prácticas.

El mayor alcance de la democracia mexicana ha sido, hasta ahora, las complejísimas reglas y candados aprobados por los partidos políticos para regular su propia competencia electoral. El Instituto Nacional Electoral, antes IFE es, formalmente, una institución clave para llevar a cabo elecciones más o menos ordenadas y en paz, pero debe garantizar en la práctica que no vuelva a admitir triunfos “haigan sido como haigan sido”.

En el sexenio en curso se dio el avance más importante en la posibilidad de la sociedad para influir en el ejercicio del poder, que es la ley constitucional por la que será viable revocar el mandato del presidente de la República y de gobernadores en su caso.

Para tratar de conseguir la revocación de la presidencia de AMLO se formó la coalición entre PRI-PAN-PRD y varias organizaciones que forman el movimiento Va por México, inducido por los empresarios Claudio X. González y Gustavo de Hoyos que se ostentan como representantes del empresariado, del que López Obrador no hace distinciones. Tienen ese recurso que refrenda la posibilidad de mantener la pugna política, por polarizada que esté, en cauces legales.

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