En el sistema político mexicano, entre sus muchas peculiaridades, persiste una característica en cada cambio de administración: la incertidumbre. Se ha vivido con la fractura del PRI en 1988, con el asesinato de Colosio en 1994, con el triunfo de Fox en 2000, con la guerra de Calderón en 2006, con el pacto de Peña en 2012 y ahora con la amorosa cuarta república.

El fantasma de la incertidumbre cabalga y ronda a México cada seis años. Fatalidad perpetua. Los golpes de timón y los cambios de rumbo generan expectativas de solución a los muchos problemas, ilusión de progreso y bienestar, que paulatinamente se diluyen y nos conducen, recurrentemente, a un amargo despertar. Es esa la experiencia de este país, al menos de las últimas décadas, que se debate cotidianamente entre la violencia, la corrupción y la polarización, entre la opulencia de pocos y la miseria de millones.

Esto se ha explicado de diversas maneras, según la visión, intereses y circunstancias de los actores: falta de ética política, ambición, inacción social, o coyuntura global. Pueden ser estos y otros factores la causa de los males, lo cierto es que son ellos, en cada ciclo, la base de las plataformas de campaña, eternos contenidos de los que renace la esperanza y al final se reedita la fatalidad.

Quizá la respuesta pueda encontrarse en la inexistencia real de un proyecto nacional de largo aliento –al cual se ajusten las visiones políticas, los particulares "estilos" de gobernar y las expectativas sociales– que se proyecte en el futuro con principios y objetivos que trasciendan la coyuntura y, desde luego, el sexenio. Que eviten la ocurrencia plasmada como innovación y obliguen resultados viables y no quimeras.

La fatalidad no debe ser perpetua. El futuro de una nación no puede ser sujeto de la iluminación del jefe en turno, sino producto de las aspiraciones sociales y de la acción auditora de la sociedad y las instituciones por ella erigidas en cada generación.

Por lo pronto, despertemos de nuevo a la trágica realidad.