Está por cumplirse un año del inicio del segundo piso de la cuarta transformación de la vida pública de México, es decir, de la continuidad de la política transformadora impulsada por el expresidente López Obrador y su movimiento regenerador.
Un año caracterizado, evidente y ciertamente, por cambios estructurales de muy incierto pronóstico para el futuro inmediato de la nación, que se van acentuando de forma paulatina y tienen impacto de manera directa en el arreglo institucional que, en teoría, tendría la finalidad de fortalecer la convivencia ciudadana, la tranquilidad, el progreso, la prosperidad y la felicidad del pueblo.
El año que ha transcurrido ha estado colmado de escándalos cuyo origen se sitúa en los años previos y fueron detonados —herencia funesta— en la presente administración: violencia criminal que carcome la paz social en diversas regiones del país; corrupción de alto nivel que involucra políticos, funcionarios, empresarios y quién sabe cuántos más; crisis política entre y al interior de los partidos, demandas ciudadanas multiformes, solo por señalar algunos de los más relevantes.
Y a todo ello hay que sumar un catalizador determinante: la tensa relación que se ha establecido entre el gobierno del vecino del norte y el nuestro, debido fundamentalmente a la creciente actividad de los cárteles del crimen organizado, catalogados ya como organizaciones terroristas, y su diversificación hacia negocios de todo tipo, que no sería posible sin la colusión de algún tipo de autoridad como facilitadora o beneficiaria de jugosos negocios ilícitos.
Los asuntos que se han venido ventilando sobre la extensa red de tráfico de hidrocarburos a gran escala, la existencia de una organización criminal en el sureste del país ligada a otra organización con presencia nacional, liderada durante años por un funcionario estatal de seguridad pública hoy bajo proceso judicial, los excesos de personajes relevantes de la política nacional que han sido expuestos públicamente, la extorsión, los homicidios, las desapariciones y un largo etcétera, someten a la primera mandataria a severas presiones y, desde luego, ofrecen elementos a la Casa Blanca para soportar sus argumentos al vincularse, de manera nebulosa, las organizaciones criminales con sectores políticos y empresariales.
El tratamiento doméstico de toda esta problemática que se amalgama inexorablemente acude, en su narrativa, a la colaboración soberana con el exterior y a la investigación de los delitos siempre que haya pruebas, sin proteger a nadie, sin importar condición alguna, pero las evidencias sugieren la disyuntiva a que está sujeta la máxima magistratura entre las lealtades heredadas y las exigencias externas en un ambiente totalmente asimétrico.
Los frentes que se han venido abriendo a lo largo de este primer año ofrecen la perspectiva de un escalamiento de tensión en la relación bilateral, que tiene como eje primordial el combate, de manera coordinada, a las organizaciones criminales que someten a la violencia vastas regiones de nuestra geografía y que inundan de drogas a la sociedad norteamericana. Este combate atraviesa, indefectiblemente, el cedazo de la corrupción asociada.