Hemos planteado la pregunta, en colaboraciones previas en este espacio, de ¿qué papel jugará el crimen organizado en el proceso electoral que ya vive en nuestro país rumbo a las elecciones del 2024? Esto, ante el evidente incremento de la actividad delictiva en prácticamente todo el territorio nacional y con modos de acción de mayor belicosidad.
Lo sucedido el pasado 9 de agosto en Ecuador, el asesinato del candidato presidencial de ese país, Fernando Alcibiades Villavicencio Valencia, refuerza la pertinencia del cuestionamiento, no sólo por la severa crisis política que ha producido el trágico evento, sino por dejar al descubierto los largos y poderosos tentáculos de bandas criminales mexicanas y su intromisión en procesos políticos como vía de protección de sus actividades ilegales.
Las evidencias difundidas en redes sociales sobre reuniones de servidores públicos con miembros de bandas delictivas y constantes señalamientos de vínculos existentes entre funcionarios y criminales dejan abierta la puerta a la sospecha de que los grupos delictivos tendrán un papel relevante en los próximos meses en la actividad política.
El asunto viene a colación, no sólo por la exigencia ciudadana de frenar los altos índices de inseguridad y violencia que con toda certeza formará parte de la argumentación en las respectivas campañas, sino porque ya se empieza a generar una narrativa de conspiración que pronostica su incremento.
El pasado 10 de agosto, en Acapulco, Guerrero, Gerardo Fernández Noroña, aspirante a coordinar la defensa de la 4T, durante un evento proselitista (que no es proselitismo), al salir en defensa de la gobernadora Salgado, consideró sin ambages que la violencia aumentará, no sólo en ese estado, sino también en Tamaulipas, de cara al proceso electoral, debido a la presencia de una derecha perversa, rematando y sosteniendo que esa derecha está vinculada al crimen organizado.
La declaración, aunque ciertamente impersonal y carente de mayores argumentos, permite advertir la posibilidad de una estrategia de miedo gestada desde sectores de poder fáctico, como se ha visto ya en otros procesos, al menos locales, para influir en la orientación del voto, mediante la amenaza.
Nos preguntamos ¿dónde se ubica el corazón de la conspiración derechista que utilizará la violencia criminal como vehículo electoral? No se conoce mayor sustento de las serias aseveraciones del diputado con licencia Fernández, pero dejan, de cualquier forma, un ánimo preocupante que, sea de derechas o izquierdas, el recurrir a la actividad criminal, a la violencia como factor de obtención o mantenimiento del poder político, constituiría una seria amenaza a la seguridad nacional y que, como lo señaló enfáticamente el desaparecido Porfirio Muñoz Ledo, México sería un narcoestado.
Confiemos en que las declaraciones del diputado petista no sean otra cosa que aventurados recursos retóricos para posicionarse como líder de la defensoría del movimiento regenerador y no la revelación de una estrategia extremadamente peligrosa.
El autor es catedrático, analista político, consultor en estrategia, seguridad nacional y administración pública.