La ley debe ser como la muerte, que no exceptúa a nadie: Montesquieu
La rotunda determinación de la suprema Corte de Justicia de la Nación al declarar inconstitucional la incorporación de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional, suma un elemento más de la evidente confrontación entre dos de los segmentos en que se divide el supremo poder en México.
Desde la designación de la actual ministra presidenta, ha sido notoria y elocuente la molestia que existe en Palacio Nacional con el máximo órgano jurisdiccional del país y que se ha manifestado mediante la descalificación recurrente por las decisiones adoptadas en ese colegiado sobre temas por demás sensibles y trascendentes.
La división de poderes tiene como finalidad establecer los equilibrios indispensables, los frenos y contrapesos necesarios para el funcionamiento de la República dentro del marco constitucional, pero ello puede resultar contrario e incómodo a las pretensiones reformadoras de un régimen determinado.
Uno de los proyectos más significativos de la actual administración, es precisamente el de la creación de la GN que sustituyó a la Policía Federal, como un organismo de seguridad pública. Su base estructural se dio con un nutrido contingente proveniente del Ejército y de la Armada, pero cuya vocación sería civil.
El experimento, por su propia naturaleza presentó entuertos por la fusión del contingente militar con el procedente de la antigua policía, ralentizando su consolidación, quizá por ello se optó por su incorporación a la Secretaría de la Defensa, lo que motivó la intervención de la Corte para analizar la constitucionalidad de la propuesta que contundentemente fue echada abajo.
La Suprema Corte, bajo la nueva presidencia, ha dado muestra de su determinación por recuperar la independencia y autonomía que debe ser propia en la estructura del poder del Estado, en una circunstancia de extrema complejidad, en donde el panorama se ve condicionado por la incertidumbre de la continuidad o el cambio del partido en el gobierno que, como se ha visto, echa mano de todos los recursos a su disposición para allanarse el camino y cooptar o deshacerse de todo aquello que pueda representarle un obstáculo.
Primero fue el Instituto Nacional Electoral, luego el de Acceso a la Información y el fallido intento por la presidencia de la Corte que ha representado el contrapeso más robusto a las propuestas gubernamentales y que, de seguir por la vía de la autonomía, se erigirá en un serio riesgo para la vocación transformadora del movimiento regenerador cuando esta no se apegue, estrictamente, al marco constitucional.
Y sólo resta poco más de un año.
El autor es catedrático, analista político, consultor en estratégica, seguridad nacional y administración pública.