Tan amplio como indefinido es el término que en él puede incluirse todo según el interés político o el objetivo que se persiga.
La discusión es abundante y la teorización ausente. Se mezclan argumentos caprichosos que desdibujan y confunden los linderos de la seguridad en sus diversas acepciones, entornos y dimensiones.
La razón de Estado, como justificante de decisiones que trascienden la norma ha venido siendo sustituida convenientemente por razones de seguridad nacional, sin que se ofrezcan argumentos mínimos de lo que ello significa, de tal manera que cualquier tema que resulte de interés o trascendencia para un gobierno puede incluirse en las agendas respectivas y gozar de extrema confidencialidad o secrecía.
Acuñado durante los albores de la Guerra Fría, con la expedición de la Ley de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, el término fue rápidamente asimilado como recurso discursivo para sustentar decisiones y acciones gubernamentales sea de carácter bélico o contra movimientos sociales domésticos en otras partes del mundo.
América Latina fue escenario de conflictos internos, de golpes militares y movimientos guerrilleros de carácter político-ideológico como extensión del enfrentamiento bipolar global en los que la seguridad nacional fue la justificación de las acciones gubernamentales para su contención.
Hoy en día, el término adquiere nuevas dimensiones que exceden determinantemente los factores militares, entre los que se incluyen los medioambientales, sanitarios y tecnológicos que condicionan los antagonismos a la seguridad nacional, claro está, con las particulares interpretaciones de cada Estado, según los intereses gubernamentales del momento.
México no es la excepción, los acontecimientos en curso lo demuestran. La discusión se torna bizantina y caprichosa sobre el tema del momento: la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y la incorporación de la Guardia Nacional como rama formal de la Secretaría de la Defensa.
La oposición a estas medidas tiene como eje el señalamiento de su inconstitucionalidad y la percepción de la militarización del país dada la extensión de las tareas asignadas por el Ejecutivo al sector castrense.
El origen del problema parece ubicarse en la indefinición funcional y los grandes vacíos existentes en la legislación que dan pie a la interpretación a modo de términos y conceptos sobre la seguridad nacional, seguridad interior y seguridad pública que no han sido abordados a profundidad por desinterés o desconocimiento.
Ante los graves problemas de inseguridad que se abaten contra el país y que se profundizan día con día, quizás la primera tarea del Legislativo sería abocarse a la revisión y producción de la normatividad respectiva que defina de manera integral los linderos conceptuales y funcionales de los diferentes ambientes de la seguridad, sus factores, actores y responsables de generar tal condición.
Sin ello, ciertamente seguiremos navegando entre el miedo, el capricho o la ocurrencia. Ya veremos.