Gerardo Herrera Huizar

Democracia y seguridad. La crispación

La nueva dinámica para determinar la conquista de cargos de elección popular con la intervención de la delincuencia coloca en grave riesgo a nuestra democracia.

Era previsible, así se pronosticó en este espacio, que el fragor iría in crescendo, conforme se consumiera el pabilo incendiado prematuramente, en busca de la continuidad del proyecto.

Aún falta mucho, pero las jaurías dan muestras claras de excitación.

Empiezan a clarificarse los anhelos, nada sorprendentes, al viejo estilo del sistema fundado por Calles, de quienes suspiran por el asiento que no ocupa más de cuatro metros cuadrados, pero comanda las decisiones de vida en más de dos millones de metros cuadrados y sobre 130 millones de habitantes que representan una carga económica y financiera nada despreciable.

El poder lo es todo para poder. Y como en la política y en el amor se vale todo, según reza el dicho, todo se vale también aquí (mentiras, engaños, contubernios, traiciones, deslealtades, presiones...).

En fin. El poder es el fin, sin mediar consideraciones ni cálculos de qué tamaño sea el daño o qué cuentas haya que pagar a futuro.

El fin último es el poder y para poder hay que conservar el poder por el medio que sea. Muchos empeñan su alma, el alma misma para poder, sin darse cuenta que ceden el poder que pretenden en lugar de lograrlo.

Muchos son los prolegómenos y muchas las evidencias, dentro y fuera de nuestra geografía, acompañadas de señalamientos directos y abiertos sobre el deficiente tratamiento de la triste realidad nacional, particularmente de la violencia criminal y la suplantación del Estado por grupos delictivos en zonas determinadas y, ahora, condicionando procesos electorales.

Las vehementes declaraciones de prominentes actores políticos, respecto de la presunta connivencia entre el crimen organizado y el gobierno, vertidas en diversos foros, son torpedos que impactan directamente en la línea de flotación del movimiento transformador y catalizan el enfrentamiento cada vez más efervescente al interior de la clase política.

Por más que se desestimen las severas declaraciones, la calidad moral de sus autores, sus intereses o pretensiones, la evidencia y las estadísticas muestran el robustecimiento de la fuerza de los grupos delictivos y su capacidad de control territorial con actitudes abiertamente desafiantes al Estado.

Si la lógica criminal de antes era la de la cooptación (plata o plomo) de las autoridades, lo que ya representaba una seria amenaza a la estabilidad y la paz, la nueva dinámica que parece advertirse en el juego político para determinar la conquista de cargos de elección popular con la intervención de la delincuencia, coloca en grave riesgo a nuestra incipiente democracia.

En esencia, nada justifica mínimamente la existencia del Estado, como su responsabilidad de la protección de la vida y la propiedad de los habitantes. Si se abdica a ella, con el afán de la conservación del poder a ultranza, sin importar los medios, difícilmente pueden pretenderse estadios de libertad, armonía social, progreso y desarrollo.

La pugna se incentiva y se verá de todo en los dos años que faltan.

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