Antaño, paseando por la alameda, tradicional y emblemático paraíso central inmemorial de la Ciudad de México, hoy, dados los cada vez más acostumbrados y molestísimos acrónimos que afean nuestro maravilloso lenguaje, denominada CDMX, era obligada la adquisición, ante el capricho del chiquillo, del clásico globo, inflado con gas, efímero y volátil, con frecuencia perdido en el momento mismo, por la infantil y frágil mano o por un pinchazo accidental que tornaba el obsequio en llanto.
Igual de tradicional y eminentemente necesario, es el gas para la actividad económica y la vida diaria, un insumo indispensable, en torno del cual se constituye una industria fenomenal, inmensamente millonaria, con una estructura abigarrada y altamente compleja, de la que han usufructuado grandes intereses y la han convertido en un sector tan codiciado, como sensiblemente vulnerable para la mismísima seguridad nacional de México.
El ejemplo, aunque no único, es la respuesta de las empresas gaseras de hace unos días a la decisión gubernamental de poner un tope a los precios del energético, ante el desmedido incremento cotidiano y descontrolado del producto que se distribuye por todo lo largo y ancho de la geografía nacional.
Violenta reacción que produjo no sólo el paro parcial de actividades en el suministro, amenazando con dejar sin combustible a la población, sino que se convirtió en un abierto reto a la autoridad, en una masa nebulosa de reclamos e inculpaciones entre empresas, asociaciones y comisionistas, que llegó al extremo del vandalismo.
El sector gasero, por tradición, es un grupo de interés surgido de las entrañas mismas del Estado, con grandes compromisos políticos y económicos vinculados entre empresarios y autoridades, tanto del sector como ajenas a éste, pero con influencia determinante en el ámbito público que, a lo largo del tiempo, han consolidado una estructura que parece invulnerable a muchas de las regulaciones, por lo apetitoso del negocio.
La capacidad de presión del sector gasero, su convocatoria a la movilización, quedó demostrada en los últimos días, con la sola suspensión parcial del servicio y la amenaza de prolongar su paro, con la afectación inmediata y directa a la sociedad en general por razones obvias.
Ante tal circunstancia, habría de preguntarse qué perspectiva tiene el gobierno para poner orden y control eficaz en un gremio que se erige como factor fundamental de la actividad económica (igual que el de las gasolinas) y con un perfil altamente técnico, en manos, particularmente, de entidades privadas de carácter tan conflictivo que pueden poner en jaque las decisiones gubernamentales y que atañen a la actividad productiva en general.
Una de las preguntas que habría que poner sobre la mesa, sólo por inducir alguna, es la relación de fondo, más allá de la oficial, que existe entre Pemex, las empresas gaseras, las asociaciones de gaseros, las empresas particulares y los llamados comisionistas que, finalmente, son también empresas privadas, sus accionistas y los vínculos que tradicionalmente han mantenido con personajes del sector público.
Tampoco sería ocioso indagar sobre las múltiples formas, poco conocidas y menos transparentes de manejar los contenidos del producto en el trasiego, del proveedor originario a las empresas, a las plantas y de éstas a otros concesionarios y distribuidores, hasta llegar al abnegado consumidor final, el usuario doméstico en donde a fin de cuentas se transfieren los costos de la intermediación, es decir, usted o yo, que lo usamos para cocinar y bañarnos todos los días.
Deberíamos preguntarnos, obviamente, si el producto que recibimos en nuestro domicilio va acorde con el precio que pagamos por él, los márgenes de ganancia entre el expendedor primario y el empresario (comisionista) que lo entrega al consumidor final y, una cosa más, si el producto es enteramente legal o es huachicol.
Algo que también quedaría, seguramente, a cargo de las oficinas de Energía, Economía o Hacienda, sería la constatación de la legalidad del trasiego de dinero de las empresas gaseras por este rubro y, finalmente, si los inventarios son consecuentes entre las adquisiciones y el producto dispensado.
Uffff, todo un tema para una entidad con gran vulnerabilidad y expuesta a la corrupción.
De tarea.