No pasa un día sin que se tenga noticia de un nuevo hecho violento en algún punto de la geografía mexicana, trátese de una ejecución de periodistas, bloqueos incendiarios de vías de comunicación, enfrentamientos entre bandas rivales o emboscadas a fuerzas de seguridad. El crimen, incontenible, se enseñorea y extiende sus redes con terror y muerte.
Las estrategias de contención implementadas por las diversas administraciones han tenido como característica común la visión centralizada en el poder federal, atribuyendo la responsabilidad del combate al crimen, de manera destacada, a las Fuerzas Armadas, a las corporaciones policiacas federales y hoy, a la recién creada Guardia Nacional, pero con modalidades diferenciadas que, a juzgar por la evidencia, han tenido desastrosos resultados.
Durante al menos los últimos tres lustros se ha intentado de todo, desde el choque frontal hasta la persuasión y el trato amable, evitando la confrontación y la persecución de los líderes para no alborotar el avispero, sin que se haya logrado tocar la conciencia y mover el buen juicio de los malvados; antes bien, parece haberse alentado su ambición por la expansión y la conquista de nuevos territorios por la fuerza, la cooptación o la amenaza, cada día más evidente.
Un ejemplo paradigmático de esta circunstancia es lo que se sufre en Michoacán, que ha motivado ya la expresa preocupación del Vaticano por la violencia incontrolada en la región de Apatzingán.
Las bandas criminales, que se exhiben abiertamente con marcas propias, con nombres y apellidos, a la par de las demostraciones de fuerza y el ataque armado, están siguiendo la estrategia de la penetración continua en las localidades que pretenden sumar a su control, mediante el sometimiento de las autoridades, particularmente en los municipios, sea mediante la amenaza o por la colocación, en cargos determinados, de personajes afines a sus intereses, cuando no abiertamente pertenecientes a sus organizaciones delictivas.
Lo preocupante del tema radica en que, siendo el municipio el orden de gobierno más vulnerable, con sus muy raras excepciones, se convierte en una presa apetecible y fácil para su control por parte de los criminales, cuya estructura se atomiza día a día, permeando territorialmente hasta las comunidades más apartadas y, por lo tanto, más expuestas y desprotegidas.
El escenario no puede ser optimista, especialmente para las regiones más apartadas, en donde, por más honestas y decididas que sean las intenciones de las autoridades locales, poco pueden hacer con sus escasos recursos, frente al embate violento y fuertemente armado de los grupos criminales que han elegido como estrategia el sometimiento paulatino y continuo de las localidades que les significan mayor rentabilidad fáctica y les representan su rival más débil.
El temor de los habitantes de las comunidades asoladas por la delincuencia y el sentimiento de desamparo se va acentuando nuevamente, motivando la organización colectiva para la autoprotección, situación ya experimentada en el pasado en diversas partes del país, cuyos resultados no han sido nada alentadores.
La expansión geográfica de las bandas criminales cada vez más robustas y con mayor capacidad de fuego, organización y libertad de acción, es una amenaza patente que obliga a repensar la estrategia hasta hoy seguida, si se desea frenar a tiempo un fenómeno que puede tornarse en una bola de nieve que obligue, en cualquier momento, a decisiones inevitablemente más radicales.