Volvió a fallar la técnica legislativa
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Volvió a fallar la técnica legislativa

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Volvió a fallar la técnica legislativa

14/12/2018
Actualización 14/12/2018 - 14:17

Una iniciativa que se hizo con descuido y con falta de técnica legislativa, que además muestra grandes errores como el cambiar la palabra calidad por excelencia, cuando el término calidad proviene de iniciativas mundiales de la UNESCO, que la señalan como un parámetro a considerar en las políticas educativas.

El perredista Miguel Alonso Raya, maestro normalista, señala que esta iniciativa para la reforma educativa en la que se adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3, 31 y 73 constitucionales, tiene diversas contradicciones; por ejemplo, señala que la educación superior debe ser obligatoria y posteriormente acota simplemente que la impulsarán.

Además, considera que es un absurdo pensar en que se puede obligar a una persona mayor de 18 años a que termine la educación superior.

Y no existe una meta clara por alcanzar para lograr la obligatoriedad del nivel superior, ya que lo único que se conoce es la promesa de crear 100 universidades sin que se sepa de su pertinencia y calidad.

El sistema de evaluación docente se sustituye por la creación de un centro “con autonomía técnica que contribuya a la mejora continua de la educación”, que obviamente no es una entidad autónoma: la dirigen 7 miembros designados por la SEP, para qué tantos si ni siquiera tienen independencia, pero también crean un Consejo Consultivo en el que no específica cómo se nombrará a sus integrantes, comenta Miguel Alonso Raya.

Y elimina la frase: “Toda persona tiene derecho a recibir educación”, la cual no se puede quitar por una ocurrencia de relacionar educación con “bienestar”, ya que proviene textualmente de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto es regresivo.

El pasado miércoles publiqué en esta columna que el otrora secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la CDMX, Felipe de Jesús Gutiérrez, aprobó durante su gestión la participación de Isabel Miranda de Wallace en el Consejo de Publicidad Exterior y lo sostengo.

Al respecto, la representación legal de la empresa Showcase Publicidad, SA de CV, propiedad de la mencionada activista, envía una carta en la que explica que “no se autorizó aprobar como consejera titular del Organismo del Consejo de Publicidad Exterior a la activista Isabel Miranda de Wallace.

El documento mediante el cual se da la titularidad en el Consejo de Publicidad Exterior al Lic. Luis Alberto Miranda Mondragón, apoderado legal de la empresa Showcase Publicidad SA de CV, derivó de un juicio de amparo (1258/2012 del juzgado 14 de Distrito en Materia Administrativa del Entonces Distrito Federal), por el cual se ordenó incorporar a mi representada al Consejo de Publicidad Exterior, toda vez que Showcase no contaba con representación”.

Cabe destacar que, como se consignó también en este espacio, el amparo ha sido efectivamente el modus operandi de la compañía para ganar espacios en la industria de la publicidad exterior.

Tan es así, que en su página de internet Showcase señala que “somos la única empresa en el ramo que cuenta con grandes protecciones legales ante los cambios que han existido, brindando así una garantía a nuestros clientes de seguridad permanente calidad y ética”.

Pero en específico el amparo 1258/2012, al que se refiere la carta aclaratoria, otorgaba la posibilidad a un ciudadano, cualquiera con interés legítimo, de participar en el Consejo, más no precisamente a la señora Miranda de Wallace, quien terminó siendo incorporada al organismo por el entonces titular de Seduvi, Felipe de Jesús Gutiérrez.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.