Cuando se produce un cambio de gobierno, el objetivo de los diferentes sectores sociales es encontrar interlocutores válidos para conseguir influir en la toma de decisiones en aquellos temas que los afectan directamente. Como son pocos los que tienen acceso a la figura presidencial, la cual es en última instancia la tomadora de decisiones, los personajes que circulan alrededor de primer mandatario se convierten en llaves capaces de abrir cualquier puerta en todo momento.
Por ello es fundamental encontrar a aquel o aquellos a los que López Obrador escucha y atiende. Son pocos a los que AMLO toma en cuenta, en la medida en que se trata de un líder que se considera poseedor de todo el conocimiento para la toma de decisiones y que confía más en su propio instinto que en la racionalidad del acuerdo pactado. El tema del aeropuerto es representativo de este fenómeno. Cuando Andrés Manuel se había comprometido en campaña con los empresarios a continuar la construcción en Texcoco siempre y cuando éstos costearan la terminación de la obra, su palabra estaba empeñada.
Y es que en ese momento las voces de Romo y Urzúa pesaron más que las de Jiménez Espriú y Riobóo, en lo que parecía una decisión encaminada a reconciliarse con la iniciativa privada y los mercados financieros. Sin embargo, su ego político y la influencia de estos últimos consiguió voltear la decisión, dejando a los primeros como interlocutores carentes de la fuerza política necesaria para cumplir con sus promesas.
Otro ejemplo de esa indefinición de los canales de comunicación dentro del nuevo gobierno se produjo cuando Ricardo Monreal no sólo impulsó la iniciativa para prohibir el cobro de comisiones bancarias, sino que se sostuvo en su posición a pesar de los efectos negativos en los mercados bursátil y cambiario y la declaración del propio presidente electo, que rechazaba la medida. El mensaje de Monreal fue claro: quiero ser un interlocutor del poder y no sólo un procesador de decisiones tomadas en otros espacios políticos.
Así como las voces de Romo y Urzúa ya no le son confiables a los dueños de grandes capitales, éstos optaron por construir un canal de comunicación directo con el presidente electo. De esta manera se creó ese Consejo Asesor Empresarial, conformado por figuras como Ricardo Salinas Pliego, Bernardo Gómez, Carlos Hank González y otros, quienes buscan tener el derecho de picaporte con el líder máximo y no depender de otros interlocutores que han fallado a la hora de cumplir con los compromisos adquiridos.
Esa idea de separar el poder político del económico responde a la necesidad de AMLO de redefinir las condiciones de la relación entre las partes. No existe tal separación, pero lo que en realidad vemos es una redefinición de la correlación de fuerzas entre ambos poderes, en un momento en donde las instituciones de la democracia representativa son consideradas ineficientes e ilegítimas por la nueva administración.
El riesgo de no definir claramente las funciones y los alcances de los interlocutores, es que la relación directa entre el poder político y el económico sufrirá encontronazos directos que no pueden ser atribuibles a errores ajenos, sino a una clara diferencia entre los dueños del dinero y el propietario de la silla grande. La ausencia del hombre más rico de México en ese consejo asesor, Carlos Slim, habla claramente de un distanciamiento entre éste y el todavía presidente electo, en donde la ausencia de intermediarios configura una confrontación directa entre ambos.
Sustituir las instituciones de una democracia por relaciones personales y eliminar a los interlocutores al no cumplir éstos con aquello acordado, perfilan un retorno al presidencialismo absoluto y a una relación perversa entre capital y poder político.