Perspectiva Bursamétrica

La relación entre desarrollo y Estado de derecho

Si aspiramos a una sociedad más justa, y a tener un país con menor pobreza extrema, debemos orientar políticas públicas a generar condiciones para que las personas puedan desarrollarse.

El crecimiento y el desarrollo económico están íntimamente asociados a una serie de factores que permiten que las economías tengan un mejor desempeño o no. A mayor crecimiento y desarrollo, se tiene un mejor nivel de vida, y en concreto un PIB per cápita más elevado. Al mismo tiempo, mientras mayor es el crecimiento de largo plazo, la distribución del ingreso mejora el nivel general de vida de la sociedad, dado que mejores condiciones de vida como en su ingreso, en su ahorro, en el acceso al crédito, se refleja en un engrosamiento de las clases medias, y un adelgazamiento de la franja de pobreza.

Muy diversos estudios demuestran que dentro de los factores que normalmente son determinantes en el mayor desarrollo están el nivel y calidad educativa media, el acceso a servicios de salud, el nivel de seguridad, el grado de desarrollo del sistema financiero, la sustentabilidad ecológica, la investigación científica, el desarrollo tecnológico, el régimen fiscal, la competencia económica, el tamaño del aparato del Estado, la eficiencia en el gasto, el grado de libertad, la democracia, la fortaleza de las instituciones y muy significativamente el que sociedad y gobierno se ajusten al Estado de derecho.

La semana pasada, hablando del posible crecimiento del PIB de México al tercer trimestre, terminé la columna en este mismo espacio afirmando que el Estado de derecho atraviesa hoy en México por una de sus peores crisis. Dos días después, el World Justice Project, publicó su estudio para el 2021 para nuestro país, (Mexico Rule of Law Index performance 2021). Sus conclusiones son alarmantes. México es uno de los países del planeta peor evaluados en ajustarse al Estado de derecho y en corrupción.

En su índice de Estado de derecho 2021, la organización ubicó al país en el lugar 113 de 139.

En el ranking de Ausencia de Corrupción, uno de los principales componentes del índice, México ocupa el lugar 135 de 139 naciones, con una calificación de 0.26, un sitio menos que el año pasado, al igual que una décima menos, solo rebasado por 4 países: Uganda, Camerún, Camboya y República Democrática del Congo, el peor evaluado de todos. Esta baja ubicación de México en corrupción se debe principalmente a la calificación que reciben los legisladores del país, de 0.10, mientras que el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial tienen 0.31 y la Policía y el Ejército alcanzan 0.33.

En otros rubros considerados en el índice de Estado de Derecho por The World Justice Project, México también se ubica en el sótano de los rankings de Orden y Seguridad, con una nota de 0.53 y el lugar 130; Justicia Civil, con 0.37 y el sitio 131, y Justicia Criminal, con 0.29 y el puesto 129 de los 139 países evaluados.

Hacia el fondo de la muestra, el país reprueba también en la categoría de Límites al poder gubernamental, con 0.45 de calificación y el lugar 102 de 139, y en Cumplimiento Regulatorio, con 0.44 y el sitio 105. Las categorías en las que México sale mejor evaluado son Gobierno Abierto, con una calificación de 0.60, la única nota no reprobatoria, y el lugar 43 de 139, gracias a la Cofepris, y Derechos Fundamentales, con 0.49 y el puesto 91.

Bursamétrica hizo una estudio preliminar con 35 países en el que se estudia la correlación entre crecimiento económico y el Índice del Estado de derecho, para demostrar el grado de correlación que existe entre las dos variables. El resultado es que SI existe una muy significativa relación entre ambas, con un índice de correlación del 72.13 por ciento y un índice de determinación del 52.03 por ciento.

Si aspiramos a una sociedad más justa, y a tener un país con menores índices de pobreza extrema, debemos orientar las políticas públicas a generar las condiciones para que las personas puedan desarrollarse en un entorno de libertad, con seguridad, con reglas claras, sin impunidad, con buena educación, con buenos servicios de salud y con irrestricto apego al Estado de derecho.

Tengo un muy buen amigo que por desempleo pandémico tuvo que abandonar su seguro de gastos médicos y ha sido atendido de cuestiones delicadas en el IMSS y se ha visto sorprendido por la buena atención. Estuve también en una reunión de negocios en donde había varios banqueros de inversión internacionales, y me quedé sorprendido al percibir que hay optimismo afuera del país, con un gran movimiento de inversión tanto de mexicanos como de extranjeros que están viendo con buenos ojos a nuestro país en el largo plazo, por las oportunidades que se nos presentan ante el despegue de la economía norteamericana.

Nuestro Indicador de Confianza Económica que hacemos con el Instituto Mexicano de Contaduría Pública, el IMCE, ha estado dando señales de mejoría en los últimos meses, a pesar de lo que esta sucediendo día con día con las iniciativas de Ley antimercado, con la inseguridad y con la corrupción. Una de las claves está en la férrea disciplina fiscal que se ha mantenido a pesar de la pandemia. ¿Cómo sería el país si contáramos con un mayor respeto al Estado de derecho?

El autor es presidente de Bursamétrica.

COLUMNAS ANTERIORES

El milagro económico de la India
Desaceleración: México pudo haber crecido 1.4% anual en el primer trimestre

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.