Metas de recaudación históricas, auditorías guiadas por algoritmos, CFDI que deben probar operaciones “reales” y defensas cada vez más caras están cambiando la relación entre el SAT y las empresas. La pregunta ya no es si te van a revisar, sino qué tan preparado estás para cuando ocurra.
Si diriges las finanzas o los impuestos de una empresa en México, seguramente has percibido el cambio en el entorno de fiscalización: más cartas invitación, más revisiones electrónicas y más cruces de información, lo que representa menor margen para tener errores o ambigüedades.
En el Paquete Económico 2026, el Gobierno Federal proyecta ingresos tributarios por arriba de 5.8 billones de pesos, un crecimiento real de alrededor de 6.5% respecto a 2025. No hay nuevos impuestos, pero sí una premisa clara: recaudar más con lo que ya existe.
Del lado del SAT, los números acompañan. La autoridad informa que supera de manera recurrente las metas de la Ley de Ingresos, que por cada peso que invierte en auditoría recupera varios más y que ha reducido el costo de recaudación a alrededor de 28 centavos por cada 100 pesos cobrados. En otras palabras, la eficiencia recaudatoria de la autoridad es mucho mayor, y todo indica que esa tendencia llegó para quedarse.
De la vista del auditor al algoritmo que lo observa todo
Durante años, una auditoría empezaba con un citatorio o con la llegada física del auditor. Hoy arranca mucho antes: cuando los datos de tu empresa pasan por los filtros del SAT y un modelo de riesgo indica si eres “caso de interés”.
El propio Plan Maestro de Fiscalización y los comunicados del SAT describen esa lógica. La autoridad cruza los CFDI de forma sistemática, la contabilidad electrónica, declaraciones, devoluciones y hasta información de comercio exterior para detectar patrones de comportamiento atípicos, dependiendo del sector o tamaño de la empresa. Ahí se prenden las alertas.
Entre los focos rojos que el SAT ha identificado están las diferencias entre lo facturado y lo declarado, el uso de proveedores listados como EFOS, las devoluciones de impuestos que se salen del rango habitual, las inconsistencias en contabilidad electrónica, los periodos con ingresos relevantes sin declaraciones y las tasas efectivas de impuesto notoriamente más bajas que las de empresas comparables.
La fiscalización dejó de ser una cuestión de azar: es selección por datos. Y en ese espectro caben todo tipo de empresas, desde las que operan al margen de la ley hasta aquellas que se perciben cumplidas, pero cuyos números no coinciden con lo que la autoridad espera ver.
CFDI ‘reales’ por ley: La factura ya no se define sola
Sobre ese tema llega la reforma al Código Fiscal de la Federación (CFF) para 2026, que toca algo que se utiliza todos los días: el CFDI.
La nueva fracción IX del artículo 29-A establece que los comprobantes fiscales deberán amparar actos jurídicos existentes y operaciones reales. Si no, se consideran falsos para efectos fiscales.
El cambio de enfoque es relevante. Antes, la atención se centraba en que el CFDI cumpliera con los requisitos formales: datos completos, timbrado correcto, requisitos del propio artículo 29-A. Ahora, la clave es que el CFDI corresponda a algo que efectivamente ocurrió y tenga sustancia económica.
El CFF, además, incorpora un procedimiento especial para que el SAT pueda verificar, en plazos breves, la validez de ciertos CFDI. Si concluye que no hay operación real detrás, la consecuencia es evidente: rechazo de deducciones o acreditamientos, con el impacto correspondiente en impuestos, recargos y multas.
Formalmente, el foco es la lucha contra empresas conocidas como factureras. En la práctica, el estándar aplica a todo el universo de contribuyentes: cada CFDI puede ser objeto de cuestionamientos respecto a si la operación realmente existió y se puede probar.
El riesgo silencioso: Operaciones reales, deducciones perdidas
No se trata solo de estructuras agresivas o planeaciones sofisticadas. En no pocos casos, las controversias surgen sobre operaciones ordinarias: servicios de mantenimiento, campañas de publicidad, honorarios, servicios intragrupo, arrendamientos o proyectos de soporte administrativo.
La empresa sabe que el servicio se prestó, que era necesario para la operación, que se pagó y que generó un beneficio. Pero cuando, años después, llega la auditoría, resulta que el contrato era sencillo, que no se conservaron todos los correos o reportes, o que la evidencia de ejecución quedó dispersa y es difícil de reconstruir.
En ese escenario, la línea entre una operación real y una operación considerada “no material acreditada” se vuelve demasiado delgada. El riesgo es claro: una transacción legítima puede terminar fuera de la base de deducción, con efectos relevantes en la carga fiscal y en los estados financieros.
En teoría, el sistema presume la buena fe del contribuyente. En la práctica, con frecuencia se le coloca en la posición de demostrarla bajo un estándar de prueba elevado.
SAT digital, contribuyente analógico
El SAT opera con big data, minería de información, modelos predictivos de riesgo y cruces automatizados de CFDI, contabilidad, nóminas y declaraciones. En contraste, muchas empresas mantienen procesos manuales, información desordenada y evidencia documental que no está fácilmente vinculada ni disponible.
La asimetría es evidente y no solo jurídica, sino operativa. En un entorno en el que la autoridad analiza datos en tiempo real, una empresa que depende de carpetas físicas y hojas de cálculo aisladas queda en clara desventaja.
Por ello, se vuelve cada vez más relevante que las organizaciones automaticen la conciliación entre CFDI, contabilidad y bancos; identifiquen y monitoreen a sus proveedores de riesgo; mantengan expedientes electrónicos completos por tipo de operación, que vinculen contrato, CFDI, orden de compra, evidencia de ejecución y pago; y revisen internamente sus tasas efectivas, devoluciones y patrones de comportamiento.
En síntesis, la defensa fiscal ya no comienza con el primer oficio del SAT, sino en la manera en que se diseñan los procesos, sistemas y controles dentro de la empresa.
¿Qué hacer en este contexto?
Para quienes toman decisiones, algunas ideas clave son: asumir que el estándar subió; invertir en orden y trazabilidad, entendidos no como acumular papeles, sino como poder contar, de principio a fin, la historia de cada operación relevante; usar la tecnología a favor, no solo para presentar declaraciones, sino para anticipar riesgos y tratar de ver a la empresa como la vería un modelo de riesgo del SAT; y definir una estrategia clara de defensa, distinguiendo qué vale la pena corregir, qué conviene negociar y qué realmente amerita ser litigado, considerando el costo financiero y la incertidumbre actual.
