México vive una paradoja financiera: nunca había habido tantas personas con una cuenta y, al mismo tiempo, nunca había circulado tanto efectivo.
La más reciente Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), levantada por el INEGI y la CNBV, muestra el mayor avance de la bancarización en una década. Tras años de estancamiento —68.4 por ciento de la población entre 18 y 70 años tenía algún producto financiero formal en 2015 y 67.8 por ciento en 2021—, la proporción saltó a 76.5 por ciento en 2024. La tenencia de cuentas de ahorro pasó de 49.1 a 63 por ciento en solo tres años.
Pero tener una cuenta no significa necesariamente usarla.
El efectivo sigue siendo el medio de pago habitual para 85.2 por ciento de la población en compras de 500 pesos o menos y para 73.5 por ciento en operaciones mayores. En tres años su utilización apenas cedió unos cinco puntos.
Los mexicanos abrieron cuentas, pero no soltaron los billetes.
Para millones, la cuenta funciona más como estación de paso que como instrumento financiero. Allí llega la nómina o el apoyo de un programa social y una parte importante se retira. El cajero automático sigue siendo, de hecho, el canal financiero más utilizado: 79.2 por ciento de la población lo usó durante el último año.
Las filas frente a los cajeros en las quincenas son la expresión cotidiana de ese fenómeno.
También importa cómo llegaron los mexicanos al sistema financiero. De acuerdo con la ENIF, 46.5 por ciento de las primeras cuentas fueron de nómina y 12 por ciento se abrieron para recibir apoyos gubernamentales. En las localidades de menos de 15 mil habitantes, uno de cada cuatro usuarios entró al sistema mediante la tarjeta de un programa social.
Una parte relevante de la bancarización llegó así por la vía del empleador y de la política social. Es inclusión estadística que no necesariamente se convierte en inclusión funcional.
El otro dato de la paradoja viene de información del Banco de México. Circulan alrededor de 3.3 billones de pesos en billetes y monedas y su demanda crece actualmente a una tasa anual real de 4.7 por ciento.
La digitalización avanza, pero el efectivo también. Por ahora no hay sustitución, sino coexistencia.
Y allí aparece otro contraste. Los instrumentos creados específicamente para acelerar el abandono del efectivo han tenido resultados modestos.
CoDi, lanzado por el Banco de México en septiembre de 2019, apenas ha sido utilizado por 12.8 por ciento de la población. De DiMo, la ENIF ni siquiera mide todavía el uso, sino su conocimiento.
Brasil tomó otro camino. Pix comenzó a operar en noviembre de 2020, un año después que CoDi, y hoy lo utilizan más de 178 millones de personas.
Hay diferencias importantes entre ambos modelos. El banco central brasileño hizo obligatoria la participación de las principales instituciones financieras y construyó desde el inicio un sistema gratuito, sencillo y de alcance prácticamente universal. En México, CoDi nunca consiguió convertirse en una herramienta de uso masivo.
Lo interesante es que otras formas de digitalización sí están avanzando. Las transferencias electrónicas ordinarias fueron utilizadas para pagar por 23.7 por ciento de la población en los últimos tres meses, casi el triple que en 2021. Las cuentas contratadas por internet o mediante aplicaciones no bancarias pasaron de 2.7 a 10.3 por ciento, y siete de cada diez cuentahabientes ya manejan su dinero desde el celular.
El problema, entonces, no parece ser simplemente una resistencia de los mexicanos a la tecnología.
Hay también una enorme diferencia regional. Solo 29.8 por ciento de los habitantes de los estados del sur considera que la mayoría de los negocios acepta tarjetas o transferencias, frente a 65.7 por ciento en el noroeste.
Si el comercio no acepta pagos digitales, utilizar efectivo deja de ser una preferencia y se convierte en necesidad.
Y detrás aparece uno de los grandes problemas estructurales de México: la informalidad. Para millones de pequeños negocios, aceptar pagos electrónicos implica costos y deja una huella fiscal, lo que no sucede con el efectivo.
Por eso, reducir el uso de billetes no depende solamente de educación financiera ni de inventar otra aplicación. Requiere abaratar la aceptación de pagos digitales, extender su infraestructura y, sobre todo, avanzar en la formalización de la economía.
Quizás durante años medimos equivocadamente el éxito de la inclusión financiera.
La pregunta relevante ya no es cuántos mexicanos tienen una cuenta. Es lo que hacen con ella.