La construcción en México, por fin, da señales de vida. Esta semana, el INEGI reportó que el valor de producción de las empresas constructoras creció 6.9 por ciento anual en junio, con cifras desestacionalizadas.
Antes de celebrar conviene identificar qué está detrás de este crecimiento. Y resulta que hay un motor claramente dominante: la obra pública.
Los datos de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras lo muestran con claridad: las obras de agua, riego y saneamiento crecieron 303 por ciento anual; las ferroviarias, 250 por ciento, y la infraestructura eléctrica, 82 por ciento. En contraste, las obras de urbanización y transporte en las ciudades cayeron 32 por ciento.
El Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo confirma el diagnóstico. En mayo, la inversión privada total cayó 1.3 por ciento anual, mientras la pública aumentó 19.7 por ciento. La diferencia es todavía mayor cuando se observa exclusivamente la construcción: la privada retrocedió 1.1 por ciento y la pública creció 30.5 por ciento. Además, mientras la construcción no residencial avanzó 11.8 por ciento anual, la residencial cayó 5.4 por ciento, pese al programa nacional de vivienda.
Trenes, agua, electricidad, hospitales. Obra pública esencialmente. El motor privado sigue prácticamente apagado.
Hay que ponderar la importancia que esto tiene para la economía. En el primer semestre, la actividad industrial del país registró un crecimiento de cero por ciento. Las manufacturas acumularon una caída de 1.1 por ciento y la construcción, con un avance de 2.1 por ciento, fue el sector que evitó que el balance fuera negativo.
Incluso parte del crecimiento de la minería proviene de la construcción: los servicios relacionados con la minería crecieron 32 por ciento en el semestre.
Lo singular es que este empuje ocurre al mismo tiempo que disminuye el dinero público destinado a inversión.
El Informe de Finanzas Públicas muestra que la inversión física del sector público presupuestario cayó 7.9 por ciento real durante el primer semestre, al pasar de 399.6 mil millones de pesos a 382.7 mil millones.
¿Cómo puede haber más construcción pública con menos inversión pública?
La respuesta está en un cambio profundo en la composición del gasto.
La inversión destinada a combustibles y energía cayó 25.3 por ciento real. En cambio, la inversión física clasificada como desarrollo social aumentó 18.8 por ciento y llegó a 190 mil millones de pesos.
La recomposición es notable. La inversión en salud se multiplicó por más de tres, con un incremento real de 218.5 por ciento. Vivienda y servicios a la comunidad —rubro que incluye agua y saneamiento— alcanzó 148 mil millones de pesos, mientras la inversión educativa aumentó 17.6 por ciento.
Resultado: hoy la inversión física destinada al desarrollo social supera a la destinada al desarrollo económico: 190 mil contra 178 mil millones de pesos.
No necesariamente se está invirtiendo más. Más bien se está invirtiendo en cosas distintas.
Y ese cambio tiene efectos importantes sobre la actividad económica. Un peso destinado a un acueducto, un hospital o una obra ferroviaria tiene un mayor impacto sobre la construcción nacional, desde cemento y acero hasta maquinaria, transporte y empleo.
La geografía de la construcción ofrece otra pista. En junio, el valor de producción de las empresas constructoras creció 164.5 por ciento anual en Hidalgo —donde avanza el tren México-Pachuca—, 65.4 por ciento en el Estado de México y 57.9 por ciento en Querétaro. En cambio, buena parte del norte industrial aparece en números rojos: Chihuahua cayó 35.9 por ciento; Coahuila, 24.2 por ciento, y Nuevo León, 6.6 por ciento.
Los mayores avances aparecen donde hay proyectos federales de infraestructura, mientras el corredor industrial del norte permanece débil, condicionado por la incertidumbre de la revisión del T-MEC y de los aranceles.
La política de infraestructura está consiguiendo, por lo pronto, algo que no es menor: evitar que la debilidad de la inversión privada se traduzca en una contracción más profunda de la actividad industrial.
Pero también deja al descubierto su principal limitación.
El Estado puede construir trenes, hospitales, acueductos y redes eléctricas. Puede incluso mantener durante algún tiempo a la construcción como uno de los pocos motores de la industria.
Lo que difícilmente puede hacer es sustituir de manera permanente la inversión privada en plantas, parques industriales, bodegas, vivienda, maquinaria y nuevos proyectos productivos.
Por eso, el dato de 6.9 por ciento admite dos lecturas. La optimista es que finalmente apareció un motor capaz de empujar a una economía que lleva meses prácticamente estancada. La otra es que ese motor está funcionando casi solo.
La verdadera recuperación comenzará cuando ambos motores vuelvan a funcionar al mismo tiempo.