Es un hecho: no firmaremos la extensión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá por dieciséis años más antes de que el próximo 1 de julio se cumpla el sexto aniversario.
La afirmación es terminante porque descansa en un dato verificable: en la secuencia de reuniones de los grupos de trabajo de México y Estados Unidos ya hay dos encuentros agendados —el 16 y 17 de junio en Washington y el 20 de julio, de nueva cuenta en la Ciudad de México—. Nadie programa una junta posterior al término de un plazo.
Pero, el hecho es positivo. Seguiremos sentados en la mesa y continuaremos negociando.
El texto del T-MEC no establece con plena claridad que el 1 de julio venza el plazo para revisarlo; algunos lo leen apenas como el punto de partida. Pero la interpretación en realidad importa poco: si el Tratado no está listo para esa fecha, ya no existe un calendario razonablemente cierto para suscribirlo.
Conviene recordar de dónde viene este diseño.
Cuentan los negociadores del primer T-MEC que la propuesta original del presidente Trump fue una cláusula de caducidad a cinco años: el tratado expiraría y, de ser el caso, se renegociaría su continuidad por un lustro adicional. Las presiones de diversos frentes llevaron a otra fórmula: una revisión a los seis años y la posibilidad de mantenerlo vigente diez años más, mediada por revisiones anuales.
De ahí la conclusión que conviene asimilar: ya no es relevante el calendario, sino el contenido de la revisión.
Muchas empresas, de todos los sectores, esperaban que un acuerdo restituyera la certidumbre y que con ella arrancaran los múltiples proyectos pospuestos. Esa fecha de reencuentro no llegará, al menos por ahora.
Habrá que valorar los proyectos con otros ojos: si son viables y se inscriben favorablemente en la reorganización económica global, deberían seguir adelante aunque no exista un tratado cuya negociación haya terminado.
Hay, sin embargo, excepciones y no son menores: el acero, el aluminio, el cobre y sus derivados, y la industria automotriz, la principal línea de exportación de México a Estados Unidos.
En el foro que El Financiero organizó ayer con Citi México, Rogelio Garza, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), advirtió que es un espejismo creer que la industria automotriz no está siendo golpeada por los aranceles, como sugieren sus cifras de producción, ventas y exportaciones. Explicó que los procesos de reorganización del sector toman años y no pueden ejecutarse como reacción inmediata al arancel de 25% que impuso Estados Unidos. Pero alertó: si el gravamen perdura, no sería extraño que las grandes armadoras decidan relocalizar producción hacia regiones con una situación arancelaria más ventajosa que la de México, como países asiáticos o europeos.
Aquí está el punto que conviene subrayar: esa decisión no exige esperar la revisión completa del T-MEC, porque estos aranceles no están en el Tratado. Derivan de la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962 y pueden modificarse al margen de la negociación global. La prueba es reciente: el gravamen al acero y al aluminio escaló a 50% en 2025 y, por una proclamación de octubre, hoy admite reducirse a 25% para quien cumpla ciertas condiciones de inversión. Todo ello sin tocar una sola línea del Tratado.
La realidad es que desde esta semana se ha abierto un periodo de enorme complejidad. México puede afianzar su posición como principal proveedor del mercado estadounidense —ya concentra casi el 17%, muy por encima de Canadá y China— y acreditar a su manufactura exportadora como el motor más importante de la economía nacional, que de hecho lo es.
Pero la negociación no será sencilla ni se limitará a lo estrictamente comercial. Aunque en la mesa no se siente ningún representante del ámbito de seguridad de Estados Unidos, el tema estará presente y elevará la complejidad del proceso.
Conviene, por eso, separar lo que depende del Tratado de lo que puede resolverse antes: los aranceles de la Sección 232 admiten una negociación propia, y ahí México tiene margen para actuar sin esperar la firma global.
Si el gobierno y las empresas juegan bien sus cartas, podríamos conseguir que en algunos meses, quizá en el curso de 2027, se consoliden ventajas competitivas que le den al país una plataforma envidiable para crecer en los años siguientes.