El Paquete Económico para 2023 contiene algunos supuestos muy optimistas, que deberán cumplirse para que la economía mantenga sus balances en el quinto año del sexenio.
Permítame exponerlos y expresar algunas reservas respecto a la posibilidad de que esos escenarios se hagan efectivos.
1.- La estimación puntual del crecimiento de la economía que considera el Presupuesto es de 3 por ciento para 2023 y considera que al cierre de este año será de 2.4 por ciento. En la más reciente encuesta de expectativas publicada por Citibanamex, el estimado de crecimiento para este año es de 1.9 por ciento y el de 2023 de 1.4 por ciento. Si consideramos el acumulado de los dos años, observamos que la SHCP asume un crecimiento de 5.5 por ciento para el periodo 2022-23, mientras que el consenso señala un crecimiento de 3.3 por ciento. Hay una notoria diferencia.
2.- El estimado de inflación para 2023 es de 3.2 por ciento suponiendo que este año terminaremos en 7.7 por ciento. Nuevamente hay contraste con el consenso, que supone un 8.2 por ciento para este año y 4.5 para el próximo. La inflación prevista por el gobierno es de 11.1 por ciento para los dos años, mientras que los analistas estiman un 13 por ciento.
3.- En materia de tipo de cambio también hay un sesgo hacia el optimismo, ya que supone el Paquete Económico que terminaremos el próximo año en 20.60 pesos por dólar, en tanto que el consenso estima una cotización de 21.50 pesos, casi un peso más.
4.- Hay diferencias también en materia de tasas de interés. Hacienda considera que la tasa de Cetes a 28 días terminará el próximo año en un nivel de 8.5 por ciento, mientras que la tasa de fondeo bancario pronosticada por los analistas consultados marca un 9.38 por ciento.
5.- El tono optimista de los números aparece también en las estimaciones de los ingresos públicos. La Ley de Ingresos entregada estima que los ingresos no petroleros del gobierno federal crecerán en 7.4 por ciento en términos reales, mientras que los ingresos tributarios en específico habrán de crecer en 9.9 por ciento en términos reales respecto a las cifras de este año. Cuando se ve el detalle, se observa que el fuerte crecimiento deriva del supuesto de que el próximo año se espera que ya no sea necesario subsidiar las gasolinas, lo que daría un extra de 361 mil millones de pesos adicionales.
6.- Sobre la base de los ingresos esperados, se ha formulado un Presupuesto de Egresos que supone erogaciones del gasto programable, es decir, el que el gobierno puede asignar, de 5.9 billones de pesos, que implicarían un crecimiento muy moderado, de 0.8 por ciento en términos reales. Sin embargo, el crecimiento del gasto no programable sería de 10.5 por ciento en términos reales. Uno de los componentes más importantes de este tipo de gasto es el costo financiero de la deuda pública, que se estima que habrá de incrementarse en 13.6 por ciento el próximo año respecto a lo erogado en 2022 y en 29.9 por ciento respecto a lo presupuestado originalmente para este año.
No es inusual que las autoridades hacendarias usualmente elaboren un Presupuesto que tenga un sesgo más optimista que el de la mayoría de los expertos.
Una parte de la estrategia consiste en tratar de influir positivamente en las expectativas de los inversionistas y de los mercados.
Si la diferencia no es grande, nada ocurre a la hora de corregir en el curso del año. Pero si la discrepancia es mayor, entonces puede haber la necesidad de ajustar el gasto público, pues este gobierno se ha negado a contratar un volumen de deuda pública que lleve a que el parámetro de esta variable sobre el PIB sea muy superior a 50 por ciento.
Esa estrategia es la que ha permitido que la deuda soberana de México no pierda el grado de inversión.
Sin embargo, eso puede hacer necesarios recortes del gasto público.
Me preocupa este hecho, pues aun con los escenarios optimistas, el gasto viene ajustado y si las expectativas de ingresos no se cumplieran, entonces entenderíamos qué es lo que el presidente quería decir cuando hablaba de la ‘pobreza franciscana’.
El problema es que con un menor gasto público no es el gobierno el que padece, sino muchos ciudadanos que ven deteriorados los servicios públicos, desde la educación hasta la seguridad pública.