Coordenadas

La Guardia Nacional y el TMEC

Si alguna norma estorba a las decisiones presidenciales, pues se busca cómo darle la vuelta, en vista de que Morena no cuenta con los votos necesarios para reformar la Constitución.

¿Qué tienen que ver las consultas en materia de política energética en el marco del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (TMEC) con la propuesta que ayer hizo el presidente de la República para hacer depender a la Guardia Nacional de la Secretaría de la Defensa Nacional?

Aunque no lo parezca, ambas cosas están conectadas.

Para fundamentar esta afirmación, permítame darle los argumentos.

El 26 de marzo de 2019, se publicó en el Diario Oficial la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional.

La reforma al artículo 21 constitucional señala lo siguiente:

“Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional…”

Más abajo, el mismo artículo precisa:

“La Federación contará con una institución policial de carácter civil denominada Guardia Nacional…”.

Es inequívoca la redacción de la reforma constitucional y lo es porque el 21 de febrero de 2019 se aprobó dicha reforma en el Senado por 127 votos a favor y ninguno en contra.

Es decir, la redacción derivó de la negociación que Morena realizó con todos los partidos políticos y que resultó en una votación unánime.

Ayer, en la conferencia mañanera, el presidente López Obrador dijo lo siguiente:

“…voy a emitir un acuerdo para que ya por completo la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa…”. Agregó: “…en la esfera de mis atribuciones puedo modificar, si es necesario, el reglamento interno del gobierno. Puede ser por un decreto o una reforma a la Ley de la Administración Pública, independientemente de lo que resulte sobre la reforma constitucional”.

Hay que recordar que AMLO anunció el envío de una propuesta de reforma constitucional para adscribir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa.

El anuncio de ayer indica que el presidente ya no quiere estar a expensas de se realice una negociación política en el Congreso para obtener la mayoría calificada requerida para una reforma constitucional.

Esto implica que el presidente busca saltar lo establecido por la Constitución mediante un simple decreto.

Aquí es donde encontramos la conexión entre este tema con el asunto de las consultas relativas a la política energética en el marco del TMEC.

En materia energética, se saltaron las normas del tratado mediante cambios legales, decretos o decisiones de carácter administrativo.

No importó que, desde el punto de vista legal, un tratado internacional ratificado por el Senado tenga una jerarquía superior a la de un acuerdo administrativo o una ley secundaria.

Pareciera que la decisión es que, si alguna norma estorba a las decisiones presidenciales, pues se busca cómo darle la vuelta a esa norma, en vista de que el partido en el gobierno no cuenta con los votos necesarios para reformar la Constitución.

En el caso energético, esas violaciones pueden irse a la instancia que el propio TMEC establece, que es un panel formado por árbitros nombrados por los países en litigio. Se trata de una instancia que ya no depende del aparato del Estado mexicano.

En el tema de la Guardia Nacional, quizá la apuesta sea que, anticipando que habrá controversias constitucionales para echar para abajo el decreto, cuente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con los votos necesarios para que no se revierta la decisión, sea simple acuerdo o modificación a la Ley de la Administración Pública.

Esta manera de operar del presidente va directamente en contra de uno de los principios básicos que da estabilidad y certidumbre a las inversiones: la certeza jurídica.

No se trata de la materia del asunto. Hay muchos empresarios que ven bien que la Guardia Nacional dependa de la Sedena. El tema es el desprecio al marco jurídico.

¿Cuántas empresas de las que hoy analizan realizar inversiones en el país mantendrán sus planes si perciben que en los años que restan a la actual administración la impaciencia o desesperación del presidente de la República pueden conducir a que se salten las normas constitucionales a través de decretos presidenciales o decisiones administrativas?

Espero que en las secretarías de Economía y Hacienda tengan respuesta a esta interrogante.

Consulta más columnas en nuestra versión impresa, la cual puedes desplegar dando clic aquí

COLUMNAS ANTERIORES

La hipocresía de la sobrerrepresentación
La ‘disonancia cognitiva’ que provoca AMLO

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.