México se encuentra en una encrucijada, en un cruce de caminos.
En esta semana, tuve la oportunidad de compartir con diversos empresarios y expertos sus perspectivas sobre México tanto en el ámbito político como económico.
El contraste es enorme. Mientras que algunos empresarios ven una circunstancia muy favorable en términos de oportunidades económicas, el panorama político se percibe sombrío y con posibilidades de contaminar a la economía y echar por tierra hasta las expectativas más luminosas.
¿Por qué se ve bien la coyuntura para México en términos económicos?
Básicamente gracias a su relación con Estados Unidos.
Nuestros vecinos del norte cuentan con la mayor economía del mundo, la cual no solo está experimentando este año uno de sus más elevados crecimientos en décadas, sino que, en virtud de las políticas del gobierno de Biden, probablemente tendrán de nueva cuenta un elevado crecimiento en 2022 y en 2023, por lo menos.
México es el principal socio comercial de Estados Unidos gracias a que cuenta con un instrumento jurídico que genera certeza, el TMEC.
Un ritmo elevado de crecimiento de la economía norteamericana nos beneficia de modo directo.
Pero, además, el proceso denominado nearshoring va a atraer inversiones adicionales al país. De hecho, ya lo está haciendo, particularmente en la frontera norte.
El conflicto económico de EU y China nos beneficia y puede hacerlo aún más.
Claro que la relación cercana con nuestro vecino también tiene costos. Si la normalización monetaria que está emprendiendo la Reserva Federal no se ejecuta con todo cuidado, se podría detonar un movimiento abrupto de capitales que afectaría al valor de nuestra moneda.
Pero, si las cosas se hacen bien, entonces nuestra cercanía y la relación que tenemos con EU tendrán un claro saldo positivo.
El problema es que la vida económica y política no están compartamentos diferentes. Las dos se interrelacionan y conviven.
Y eso puede generar problemas.
La visión de diversos expertos respecto a la política mexicana coincide en percibir que el presidente López Obrador ha cambiado después de las elecciones de junio. Se ha endurecido y se ha orientado a buscar la consolidación de su poder.
Uno de los más importantes ingredientes de la concentración del poder que busca es la eliminación o al menos el debilitamiento de los contrapesos.
Para los siguientes meses, quizás el más relevante de sus objetivos es el Instituto Nacional Electoral (INE).
Le recuerdo que el IFE ciudadanizado, nació como respuesta a la crisis política que México vivió en 1994.
En alguna medida, con su creación se detonó un proceso de construcción de instituciones democráticas y del fortalecimiento de los contrapesos del poder en México.
Por eso el INE es tan importante.
Si se logra desmantelar o debilitar a la institución encargada de organizar y legitimar los procesos electorales en el país, se le puede dar un gran golpe al sistema democrático que se conformó en la era que el presidente de la República califica de neoliberal y que coincidió con la formación de un conjunto de organismos e instituciones que acotaron el poder presidencial en México.
El litigio asociado con la consulta por la revocación de mandato no es un tema de recursos.
Las fuerzas políticas cercanas al presidente ven en ese caso la oportunidad de desacreditar el INE.
El otro signo ominoso del panorama político tiene que ver con la reforma eléctrica, que en realidad es una reforma energética.
Si se aprobara en los términos en los que está, significaría darle un golpe mortal a la participación privada en el sector, tanto la que se derivó de la reforma de 2013, como la que viene de años atrás, además de dañar la inversión en muchos sectores.
Ya la empresa General Motors declaró públicamente que la continuidad de sus inversiones en México depende de que haya políticas orientadas a la promoción de energías limpias.
El tema no es solo el efecto de esta reforma en el sector energético y en temas ambientales, un impacto que de suyo sería muy grave, sino la generación de una situación de incertidumbre generalizada para la inversión en general debido al desconocimiento de contratos y otros instrumentos jurídicos, que traería consigo la reforma.
Si suma usted el ataque al INE al mismo tiempo que la reforma energética, se percibe el riesgo de una profunda regresión política que podría colocarnos en una circunstancia parecida a la que teníamos en los 70 u 80.
Le comentaba que el sombrío panorama político no puede ser independiente de la prometedora perspectiva económica.
Como el propio presidente López Obrador ha dicho, la política prima sobre la economía.
Los problemas de la gestión de gobierno probablemente puedan echar por la borda las ventajas de la coyuntura económica.
Estamos, pues en ese cruce de caminos que podría marcar no solo la perspectiva inmediata sino el futuro del país.