Muchos partidarios de la 4T se lanzaron como una verdadera jauría en contra del Instituto Nacional Electoral (INE) la semana pasada.
El Consejo General del INE decidió cancelar las candidaturas de decenas de aspirantes a puestos de elección popular por violar las reglas fijadas por la ley. Una de ellas fija dicha sanción en caso de qué los aspirantes no reporten sus gastos de precampaña.
El artículo 445 de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales señala que constituye una infracción: “No presentar el informe de gastos de precampaña o campaña establecidos en esta Ley”, y señala el artículo 456 de la misma Ley que se sancionará con: “la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o, en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo”.
También está la posibilidad de que la sanción sea amonestación o multa, pero en este caso, la gravedad de la situación llevó al Consejo del INE a decretar la cancelación de las candidaturas.
Destacaron los casos de Félix Salgado Macedonio y de Raúl Morón, candidatos de Morena a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán respectivamente. Morena intentó, como método, disfrazar las precampañas dándoles el formato de encuestas, pero permitiendo a los precandidatos realizar eventos proselitistas, por esa razón fue que la descalificación tuvo más efecto en Morena que en otras formaciones políticas.
En el contexto de los ataques al INE que fueron disparados por la decisiones anteriores es conveniente entender por qué tenemos en México un órgano autónomo como responsable del proceso electoral.
En realidad, los orígenes del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), se remontan a la cuestionada elección de 1988. En ese entonces era el propio gobierno, a través de la Comisión Federal Electoral, adscrita a la Secretaría de Gobernación, la instancia encargada de organizar las elecciones.
La falta de credibilidad en los resultados de entonces motivó una reforma que creó el IFE. Sin embargo en un primer momento fue un órgano dependiente del propio gobierno.
Fue hasta que estalló la crisis política de 1994 con la insurrección zapatista y el asesinato de Luis Donaldo Colosio, cuando el Consejo General del IFE fue conformado con ciuadadanos y el Instituto se volvió autónomo. La consolidación del IFE, sin embargo, ocurrió en los siguientes años. La primera elección que organizó de manera plena fue la de 1997, en la cual, por primera vez el PRI perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados así como el gobierno de la Ciudad de México.
Posteriormente, en la elección del año 2000, ocurrió por primera vez una alternancia en la presidencia de la República, con el triunfo de Vicente Fox.
Los resultados electorales adquirieron credibilidad entre una población que por décadas los cuestionó debido a múltiples prácticas fraudulentas que aplicaba el PRI.
En 2006, sin embargo, hubo una crisis pues uno de los contendientes, Andrés Manuel López Obrador, no aceptó el resultado de las elecciones.
Esto motivó una reforma que tuvo como propósito básico la remoción anticipada de los consejeros que dieron el triunfo a Felipe Calderón.
Una reforma más amplia del sistema electoral que terminó convirtiendo al IFE en el INE y le dio múltiples responsabilidades, entre ellas la supervisiòn de los procesos electorales locales, ocurrió en 2014.
Uno de los candados que se estableció para garantizar la autonomía del Instituto fue la regla que obligaba que la designación de los consejeros electorales fuera por mayoría calificada en la Cámara de Diputados, tras un concurso público.
Aunque siempre fue inevitable la negociación entre los principales partidos, este hecho permitió que la integración del Consejo del INE tuviera balances.
Incluso, en la más reciente renovación de consejeros, ya con la mayoría calificada de Morena en la Cámara de Diputados tras las elecciones de 2018, las designaciones fueron aceptadas por el conjunto de las fuerzas políticas en julio de 2020.
Lo que disgusta a Morena y específicamente al presidente López Obrador es el carácter autónomo del Instituto.
En el año 2018, Morena y sus aliados obtuvieron el 50.3 por ciento de los votos para diputados. Sin embargo debido a las maniobras que realizó logró que entre ese partido y sus aliados obtuvieran el 64.8 por ciento de las curules y tras varios ajustes, se quedaron con la mayoría calificada, es decir de las dos terceras partes más 1.
El que el INE haya establecido ahora reglas operativas para impedir que se repita ese caso en las elecciones del 2021 fue también motivo del ataque.
Si se ven las cosas en una perspectiva amplia no es extraño el disgusto de Morena y de AMLO con el papel que tiene el Instituto ya que en múltiples aspectos no les gusta el que por más de 20 años hayan surgido órganos autónomos que permiten un sistema de pesos y contrapesos en el Estado mexicano.
Lo que en el fondo desearían es el retorno al Estado con un poder prácticamente ilimitado y concentrado en la presidencia de la República, la que el historiador Enrique Krauze denominó como la ‘presidencia imperial’, por sus vastos poderes y su capacidad para definir la sucesión.
Los ataques en contra del INE en realidad tienen como propósito la eliminación de un dique que impide que Morena pueda hacer un rediseño del Estado.
Para hacer viable ese rediseño, AMLO necesita de entrada mantener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y sobre ella tratar de cambiar el balance en la Cámara de Senadores cooptando o presionando a legisladores de otros partidos para obtener también allí esa mayoría. Con ello, sería factible la realización de reformas constitucionales que permitieran el regreso al viejo Estado.
Por eso la aversión a que un órgano electoral autónomo vigile y controle el proceso electoral pues el INE podría convertirse en la última barrera a superar para lograr el regreso al Estado de los 70 y 80, que tanto añora el presidente de la República.