En mi columna del pasado 5 de octubre en este diario, traté el caso de una serie de anomalías alrededor de los sismos del 19 de septiembre. En esa ocasión, mencionaba que se había detectado corrupción en el otorgamiento de licencias de construcción, en la distribución del apoyo de la sociedad a las zonas devastadas, e incluso en la competencia en la que cayeron los partidos políticos para 'devolver' una parte de sus prerrogativas para apoyar el esfuerzo de reconstrucción. Más recientemente, en febrero de este año, los diputados locales de la Ciudad de México, Leonel Luna y Mauricio Toledo, del PRD, y Jorge Romero, del PAN, intentaron 'apañarse' los casi ocho mil millones de pesos destinados a la reconstrucción y demás efectos del sismo en la capital del país. Afortunadamente la oposición valiente y eventual renuncia pública de Ricardo Becerra, Mauricio Merino y posteriormente de otros miembros de la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, que debía decidir sobre su uso y aplicación, evitó el potencial desvío de esos recursos, seguramente para las campañas electorales.

El otro tema del que escribí entonces fue el seguro contra desastres naturales que pagó el gobierno de Puebla en el sexenio de Rafael Moreno Valle. Erogó en su último año una prima anual de casi 18.3 millones de dólares. Después del sismo, el gobernador Antonio Gali anunció que el seguro que había comprado el gobierno del estado tenía una cobertura de solamente 30 millones de dólares. Ese monto es absurdo para una prima de más de 18 millones. Al día de hoy sigue sin transparentarse qué sucedió con ese seguro. La Auditoría Superior del estado, encabezada por David Villanueva Lomelí, no ha dicho ni pío. Ni el Congreso estatal ni la Comisión de Hacienda encabezada por José Chedraui, del PRI, han siquiera insistido en conocer qué sucedió. Ahí hay gato encerrado, o más bien hay un presunto acto de corrupción de dimensiones colosales. La prima de un seguro contra desastres naturales que cubra 30 millones de dólares no pudo haber costado más de un millón. Un seguro cuya prima es de 18.2 millones de dólares, tendría una cobertura de al menos 150 mil millones de pesos. No se vale, señor auditor, no se vale, señores legisladores. Ustedes son corresponsables.

Estos son crímenes de cuello blanco. Pero el verdadero crimen es contra las personas que sufrieron las consecuencias del sismo. Esta semana en una visita a Jolalpan, municipio ubicado en la zona más pobre del estado de Puebla y muy cerca del epicentro del terremoto, todavía se pueden apreciar sus estragos. Muchas familias siguen viviendo a la intemperie y las lluvias están por llegar. Conocí a mujeres mayores que viven bajo una lona de plástico, durmiendo en el suelo o en una casa de campaña minúscula, porque los recursos para la reconstrucción no han llegado. Conocí otras personas que me dijeron que no alcanzaron a estar en el censo que realizaron las autoridades estatales y que por lo tanto, a pesar de haber sufrido daños enormes en sus viviendas, no tendrán acceso a los apoyos económicos para la reconstrucción. Las personas que conocí no solamente eran de la cabecera municipal, sino también provenían de comunidades aledañas, como Santa Ana Tamazola, Xochitepec, El Salado, Teutla, Santiago Mitepec, entre otras. Ellas también sufrieron fuertes estragos por el sismo.

Ahí es donde realmente se palpa, de forma cruda y directa, la corrupción. No se trata solamente que unos se embolsan el dinero. Se trata del sufrimiento de personas, con nombre y apellido, de sus familias enteras, que viven en condiciones infrahumanas simplemente porque unos se robaron el dinero del seguro. Sus actos de corrupción tienen efectos nefastos sobre el bienestar de cientos o miles de personas. De no haber ocurrido, habría suficiente dinero para reconstruir las 25 mil viviendas siniestradas del estado de Puebla.

Para dar una idea, lo que está dando el gobierno por una vivienda con pérdida total son 120 mil pesos, más 44 mil pesos para la constructora/supervisora. Imagine aumentar ese monto a 240 mil pesos. Las 25 mil viviendas de Puebla se podrían reconstruir, o de plano construir viviendas nuevas, con un monto de seis mil millones de pesos. Como ya mencioné, el seguro que compró el gobierno de Moreno Valle debió haber tenido una cobertura de alrededor de 150 mil millones de pesos. Alcanzaría sin ningún problema y se podrían reconstruir también las mil 200 escuelas siniestradas, templos y demás daños causados por el sismo. En cambio, la gente más pobre y excluida sigue viviendo a la intemperie, sigue sumida en la pobreza, ha perdido su patrimonio. En esos casos, donde es imposible que las personas puedan comprar un seguro contra terremotos, el Estado debe intervenir para evitar que esta gente se suma aún más en la pobreza y, lamentablemente, la herede a la siguiente generación. No se vale exgobernador Rafael Moreno Valle; no se vale gobernador Antonio Gali.