Desde hace varios años he insistido en la gravedad del estancamiento económico que vive el país. Los datos más recientes del INEGI confirman la magnitud del problema: el crecimiento del PIB de 2025 fue de 0.6%, lo que implica que entre 2018 y 2025 el crecimiento promedio durante la 4T es de 0.8%.
Con ello, entre 2018 y 2025 la economía mexicana acumula siete años prácticamente sin dinamismo. Si se descuenta el crecimiento poblacional, el avance por habitante es negativo, –0.2% o –0.02% en promedio anual. Como lo muestra el nuevo reporte de Signos Vitales —próximo a publicarse—, desde que existen registros comparables, la economía mexicana no había atravesado un periodo tan prolongado de estancamiento.
Siete años sin crecimiento sostenido no son una cifra abstracta: se traducen en baja creación de empleo formal, deterioro salarial, aumento de la informalidad y productividad estancada en amplias regiones y sectores.
Las causas son múltiples. Influyen la inseguridad, el debilitamiento del Estado de derecho, la extorsión generalizada, las altas tasas de interés, el uso poco eficiente de recursos públicos en proyectos de baja rentabilidad social, el deterioro de carreteras y redes de comunicación, así como el insuficiente mantenimiento de infraestructura energética.
Todos estos factores convergen en una variable que los sintetiza: la inversión, tanto pública como privada. La lógica es simple. Si hoy se invierte, mañana habrá más empleos, mayor producción y mejores oportunidades. Si la inversión se frena, el futuro se empobrece.
El ánimo para invertir suele medirse mediante encuestas de clima de negocios y expectativas económicas. En los últimos años, estos indicadores han permanecido deprimidos y en 2025 mostraron un deterioro adicional.
En enero de 2026, solo el 2% de los especialistas del sector privado encuestados por el Banco de México consideró que es un buen momento para realizar inversiones en el país; el 48% considera que es un mal momento y el 50% restante expresó incertidumbre.
Una de las razones detrás de esta pérdida de confianza fue la reforma al Poder Judicial. La Encuesta de Expectativas Empresariales del IPADE, correspondiente al segundo semestre de 2025, reveló que 81% de los empresarios calificó dicha reforma como negativa o muy negativa, mientras que solo 2% la evaluó positivamente.
El mismo estudio reporta mayor cautela en la toma de decisiones: uno de cada tres empresarios que planeaba invertir ha cancelado o pospuesto sus proyectos.
Desde luego, también incide la volatilidad internacional asociada a la política de Donald Trump, que ha alterado equilibrios geopolíticos y económicos. Pero el problema no es exclusivamente externo.
Entre los casi mil 500 empresarios encuestados por el IPADE a finales de 2025, los principales obstáculos al crecimiento identificados fueron la inseguridad pública (19%), la política de comercio exterior (15%), la debilidad del mercado interno (9%), deficiencias en el Estado de derecho (8%) y la corrupción (7%).
No sorprende, entonces, que la inversión esté estancada y que el llamado Plan México no haya generado el impulso prometido. Simplemente no existen las condiciones necesarias. La inversión privada en 2025 apenas supera marginalmente el nivel de 2018 (2%), mientras que la inversión pública muestra un desempeño mejor, 10.9% por encima, pero su impacto sobre el crecimiento es marginal en proyectos como el Tren Maya, el Transístmico o la Refinería de Dos Bocas. En términos per cápita, las cifras son todavía más preocupantes.
El problema es estructural. La inversión actual ni siquiera alcanza para compensar la depreciación del capital existente. De acuerdo con el INEGI, en 2024 la depreciación del capital fijo fue de 5 billones de pesos (a precios de 2018), mientras que la inversión total ascendió a solo 4.8 billones.
El resultado fue una inversión neta negativa de 181 mil millones de pesos. En términos simples: el acervo de edificios, maquinaria, equipo e infraestructura acumulado durante décadas está disminuyendo. Cuando un país no repone su capital, se descapitaliza. Y un país que se descapitaliza no puede crecer.
Urge revertir esta tendencia. Sin un aumento sostenido de la inversión, el capital productivo continuará contrayéndose y el estancamiento se profundizará. Las consecuencias son claras: mayor carga de la deuda, presión social derivada de la falta de empleo formal y un deterioro progresivo del bienestar.
No hay salida posible sin crecimiento. Y no hay crecimiento sin inversión. Y no hay inversión sin Estado de derecho confiable y un Poder Judicial autónomo e independiente del control político.
DESPEDIDA
A las personas que me han acompañado con su lectura en estas 361 columnas publicadas en El Financiero desde agosto de 2017, así como a quienes dirigen y trabajan en este prestigiado medio, les expreso mi profundo agradecimiento por haberme brindado el espacio para compartir reflexiones sobre la economía y la vida pública de nuestro país. Muchas gracias.