Enrique Cardenas

Sus propios datos acusan fracaso

Parecía que la llegada de López Obrador a la presidencia podría ser un esfuerzo renovado en contra de la corrupción; no ha sido así. En este renglón, su gobierno también ha fracasado.

Universidad Iberoamericana de Puebla y Universidad de Guadalajara.

Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones de 2018 con holgura. Una de sus principales banderas de campaña fue la lucha contra la corrupción y tenía razón. La corrupción del gobierno de Peña Nieto se había vuelto insoportable, con el episodio de la ‘casa blanca’, de los gobiernos del ‘nuevo PRI’ de Duarte y Borge, la ‘estafa maestra’, Odebrecht y un eterno etcétera. No era para menos. Los mexicanos estábamos hartos de la corrupción y de su impunidad. López Obrador llegó al poder ofreciendo que la combatiría por todos los medios posibles.

Tres años antes se había establecido constitucionalmente el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), un esfuerzo de la sociedad civil organizada que le había dado al Estado mexicano un instrumento, poderosísimo, para erradicar sus causas y asegurarse de combatir la corrupción y su impunidad con efectividad. Muy pronto resultó evidente que la clase política había aceptado la creación del Sistema a regañadientes. Ningún partido se salvaba. Todos, de una o de otra forma, se dedicaron a obstruir, y lo siguen haciendo, a poner en marcha el Sistema y su operación cotidiana. Eso ya lo veíamos desde antes de 2018 y reclamábamos a legisladores y gobiernos, federal y estatales, su traición a la ciudadanía por no dar la lucha efectiva contra la corrupción.

Parecía que la llegada de López Obrador a la presidencia podría ser un esfuerzo renovado en contra de la corrupción, aunque no necesariamente utilizando las nuevas instituciones y mecanismos previstos en la legislación sobre el SNA. Pero su determinación, parecía real, debería dar algunos resultados, así fueran limitados.

No ha sido así. En este renglón, su gobierno también ha fracasado. Y no solamente por los casos de sus parientes recolectando dinero en sobres amarillos, o la ‘casa gris’, o las decenas de casos de empresas fantasmas ligadas a Pemex, la CFE, Dos Bocas, Tren Maya y, también, otro largo etcétera. No. Su fracaso es porque, además, ha mantenido, y quizás recrudecido, las peores prácticas que el SNA buscaba eliminar. No sólo que hubiera castigo para individuos que cometieran delitos de corrupción, sino también erradicar sus causas y las circunstancias que las permitieran.

Hace unos días apareció el Informe País 2020 sobre el combate a la corrupción en México, coordinado por Mauricio Merino desde el Instituto de Investigación sobre Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción del CUCEA, en la Universidad de Guadalajara. Sus resultados son demoledores. Al definir la corrupción como “una consecuencia de la captura de puestos, presupuestos y decisiones públicas por grupos políticos o económicos (o de ambos, coludidos en redes), que desvían al Estado de sus propósitos fundamentales”, o en mis palabras, “como la apropiación de lo público para uso privado”, la conclusión es inequívoca: este gobierno no ha hecho nada relevante por la lucha contra la corrupción.

Se trata del reporte más exhaustivo sobre la corrupción y rendición de cuentas desde esta perspectiva de administración pública, con cientos de miles de datos disponibles cuya explotación apenas comienza, pero ya el informe arroja conclusiones contundentes. Aquí cito las principales: “Que los procesos de designación de cargos [...] siguieron respondiendo al sistema de botín. Que el Presupuesto de Egresos de la Federación se manejó con amplios márgenes de discrecionalidad, [...] zonas de franca opacidad en las transferencias presupuestarias, los gastos indirectos y la adjudicación de contratos. Que el Sistema Nacional de Transparencia [...] no logró conjurar la cultura de la opacidad [...]. Que la gran mayoría de los procedimientos de sanción correspondieron [...] con asuntos administrativos poco relevantes. Que las instituciones que conforman el SNA no cumplieron con sus mandatos constitucionales y legales a cabalidad. Que la Política Nacional Anticorrupción [...] no tuvo aplicación práctica. Que [...] la implementación del SNA no correspondió con los fines que se plasmaron en su diseño original [...]”. Estas conclusiones están basadas en datos oficiales y su análisis pormenorizado se encuentra en el reporte.

Muchos criticamos al gobierno actual por su destrucción institucional y su falta de resultados. Hoy podemos afirmar, con contundencia y sin lugar a dudas, que el gobierno de López Obrador se ha comportado igual o peor que los gobiernos anteriores en cuanto a la supuesta lucha contra la corrupción y la impunidad. No ha cumplido, a pesar de que ha sido el presidente que ha acumulado más poder en los decenios recientes. Ha tirado esa oportunidad por la borda, y ha fracasado en su más destacada bandera de campaña y de promesa a la gente. Ya se puede escribir esta parte de la historia.

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