Universidad Iberoamericana de Puebla, Puebla contra la Corrupción e Impunidad.
Los altos mandos militares participan ya activamente en la lucha político-electoral. Han dejado de ser una institución del Estado para convertirse en una institución del gobierno en turno. En este caso, queda ya diáfanamente claro que el papel de las Fuerzas Armadas en la 4T es parte del proyecto político de López Obrador. Lo advertíamos desde hace meses (puede revisar los reportes de Signos Vitales www.signosvitalesmexico.org.mx), y hoy está en la superficie: fuera máscaras.
Nos tomó mucha sangre y muchísimos años lograr, aunque imperfectamente, que el Ejército dejara la política activa y se institucionalizara su función constitucional. Desde el inicio de nuestra vida independiente a principios del siglo XIX los militares estuvieron en la política y en los altos puestos administrativos. Desde Guadalupe Victoria, Anastasio Bustamante, Antonio López de Santa Anna y un larguísimo etcétera, pasando por Porfirio Díaz y luego los generales emanados de la Revolución, el país tuvo de manera excepcional presidentes civiles, como Juárez y Lerdo de Tejada. En la época moderna se estrenaron hasta la segunda mitad de los años cuarenta. Manuel Ávila Camacho y Lázaro Cárdenas fueron los últimos presidentes militares. A partir de entonces, gradualmente, los funcionarios públicos fueron evolucionando para que cada día fueran más los civiles quienes llevaran las riendas del gobierno. Y en ese proceso, el Ejército se institucionalizaba y sus jerarquías iban sucediéndose unas a otras respetando el orden civil. Estaban la mayor parte del tiempo en sus cuarteles, aunque mantenía mucha autonomía (ningún secretario de la Defensa ha dejado su cartera antes de terminar el sexenio, y nunca hemos tenido un secretario de la Defensa que no sea militar; sólo México y Guatemala se encuentran en esa circunstancia en toda América Latina). A las Fuerzas Armadas se les veía atendiendo los desastres naturales principalmente, por lo que se ganaron el respeto y simpatía populares. Luego, al declarar la guerra contra el narco por Felipe Calderón, las Fuerzas Armadas salieron a hacer tareas de seguridad pública de manera excepcional, sin respaldo constitucional. Continuaron haciéndolo con Peña Nieto.
Hoy esa época ha terminado. Hoy tenemos a un presidente civil, pero que ha entregado mucho de su poder a las Fuerzas Armadas sin pedirle nada a cambio, o aparentemente sin pedir nada a cambio. Hoy tenemos unas Fuerzas Armadas que participan en tareas que estaban a cargo de civiles, con más dinero y con la misma opacidad y falta de transparencia de siempre. Hoy tenemos a unas Fuerzas Armadas con crecientes señalamientos de corrupción (asignaciones directas a empresas fantasmas, opacidad absoluta, desdén por el Estado de derecho); de mezcla de sus operaciones con el crimen organizado como lo ha demostrado el Grupo Interdisciplinario que investiga el caso de Ayotzinapa en su más reciente reporte; con participación conspicua de índole político-electoral como acaba de ocurrir en Torreón y Sonora en los mítines para promover la consulta de la revocación, y con la construcción y operación de megaobras para las que no tienen experiencia ni vocación (incluso les han prometido las utilidades de la operación del Tren Maya para cubrir las pensiones de los militares, como si no estuvieran ya garantizadas por el Estado mexicano).
La complicidad del presidente de la Suprema Corte de Justicia y de algunos ministros está arraigando esta tendencia. El ministro presidente Arturo Zaldívar ha consentido, con su inacción, la presencia militar en las calles, haciendo tareas para las que no tiene todavía aval constitucional ni preparación ni entrenamiento. La Corte sigue sin resolver acciones de inconstitucionalidad, después de más de dos años, que les impedirían a las Fuerzas Armadas hacerse cargo de la seguridad pública como ocurre hoy. Este retraso es responsabilidad directa del presidente de la Suprema Corte de Justicia, con las consecuencias que ello tiene.
Y todo esto en un ambiente en el que el presidente es el primero que constantemente viola la ley, sin recato y total impunidad. Les muestra el camino a sus subalternos y los habilita para que hagan lo mismo. Estamos viendo la comisión constante de delitos electorales que el INE señala, y el TEPJF en la mayoría de las veces sanciona, pero no pasa nada. Salvo, y este es un salvo importante, se trate de un adversario o enemigo político del presidente o algún otro funcionario influyente. En ese caso sí, la ley es implacable y se castiga con prisión a personas que no han cometido delitos que ameriten la prisión preventiva (como Rosario Robles), se inventan delitos (como el de la señora Alejandra Cuevas), y se tiene doble rasero de manera generalizada.
Hoy, las Fuerzas Armadas están incrustadas en el poder político, se codean con el crimen organizado, no presentan resultados tangibles en la lucha contra la inseguridad física, cuentan con recursos económicos y atribuciones administrativas en lugares clave, y su actuar no tiene límites ni controles democráticos que les obliguen a rendir cuentas y a ser transparentes. Sí, están en la posición perfecta para transformar nuestro país. Para hacerlo cada vez más similar a países como Turquía, Hungría, Venezuela, Rusia y varios más. Países que han realizado este tipo de consultas solo para perpetuarse en el poder y que se alejan cada vez más de un régimen democrático para acercarse al autoritarismo.
Y para eso es justamente la ‘consulta’ de revocación del próximo domingo: se trata de movilizar a la mayor cantidad de gente posible para ‘mostrar’ el apoyo que el ‘pueblo’ le da al presidente. Y por eso justamente estoy en contra de participar en la consulta. Estoy convencido de que sólo reforzaría el logro de los fines perversos que persiguen López Obrador y los funcionarios, los políticos y los militares que no están por el bien del país.