Enrique Cardenas

Botón de muestra

El ‘permiso’ al subsecretario de Seguridad Pública para llevar a cabo tareas de proselitismo político es irresponsable, grotesco, ilegal y muestra de lo que es este gobierno.

Universidad Iberoamericana de Puebla, Puebla contra la Corrupción e Impunidad.

La semana pasada, el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Ricardo Mejía Berdeja, ‘pidió licencia’ de su puesto para dedicarse a promover, en su tierra Coahuila, la votación de la consulta del 10 de abril en favor del presidente López Obrador. Este hecho es apenas un botón de muestra, o como diría Claudia Sheinbaum, muestra la “esencia de la 4T”.

Se trata del número dos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del país, quien abandona su función sustantiva, la seguridad pública, para convertirse en promotor electoral de su jefe. Se trata de una persona que ‘pide unos días’, que deja su delicada función, en un momento en que México está en el pico de homicidios (33 mil 308 en 2021), ocupa el lugar 12 de los países con más homicidios dolosos en el planeta (Centro de Información de la ONU); es el país en donde se han asesinado más periodistas que en ningún otro lugar del mundo que no esté en situación bélica. México fue el segundo país más peligroso para activistas de la tierra y del medioambiente en todo el planeta, sólo detrás de Colombia (Global Witness 2021). México también es el segundo país con más feminicidios en América Latina (después de Brasil) y ocurren casi tres cada día (CEPAL). Por eso no es extraño que México está posicionado como uno de los peores países en el mundo (lugar 140 en el Índice de Paz Global 2021 del Institute for Economics and Peace) debido a la incidencia delictiva y el creciente poder del crimen organizado, ni que 66 por ciento de la población mexicana se sienta insegura, de acuerdo con la Encuesta de Seguridad Urbana del Inegi (dos puntos mejor que en 2020). En esas circunstancias, en medio de la violencia en Michoacán y en el resto del país, resulta muy lamentable que el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana deje tirada su responsabilidad (y que se lo permita su jefe), y traicione a la gente que espera un trabajo diligente y profesional de quienes tienen responsabilidad pública. Sí, dejar el trabajo al garete para propósitos electorales es efectivamente una característica que define a la 4T.

El presidente López Obrador le dio ‘permiso’ a su subalterno (él designa a los subsecretarios) para dejar sus labores con el fin de promover el refrendo de ¡quien le dio el permiso!, que es su jefe, el presidente de la República. En otras palabras, el presidente le da permiso que deje su responsabilidad a quien debe cuidar nuestra seguridad para que se dedique a promoverlo. Vaya uso de la investidura presidencial.

Además de lo grotesco, es un acto ilegal. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que la “redefinición de propaganda gubernamental” hecha al vapor no podía aplicar para procesos en curso, como lo es la consulta del 10 de abril. Pero eso no importa en la 4T. La ley no importa. Se trata de la esencia de la 4T.

Y hay más. La consulta misma se deriva del absurdo que posibilitaron los ministros de la Corte, Arturo Zaldívar, Loretta Ortiz, Juan Luis González Alcántara y Yasmín Esquivel al confirmar la redacción de la boleta y evitar su corrección: “¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?”. Como se establece en la Constitución, se trata de una revocación y no de preguntar si se quiere que el presidente termine su mandato. Pero haberlo redactado así, permite que se promueva una ‘ratificación’. Por eso varios legisladores de oposición promovieron una acción de inconstitucionalidad, pues el texto de la Constitución sólo habla de revocación de mandato.

Ya sabemos de las simpatías políticas del ministro presidente de la Corte y sus ‘cercanías’ con el presidente. Además de él, los otros tres ministros que votaron para mantener la pregunta como estaba fueron recientemente propuestos por el presidente y hay clara cercanía de varios de ellos con otros personajes políticos. El presidente de la Corte se esperó a que ingresara a la Corte la ministra Loretta Ortiz, exdiputada y militante de Morena, para completar los cuatro votos necesarios para echar abajo la votación en el pleno y dejar la pregunta sin cambio, y así ocurrió.

El presidente de la Corte ha estado jugando con los momentos ‘más apropiados’ para llevar al pleno los asuntos más delicados. O para no llevarlos y dejar que se arraiguen en los hechos las prácticas que le permiten a López Obrador llevar adelante políticas inconstitucionales, como la seguridad pública en manos de militares, cuyo caso no ha sido llevado a la Corte a más de dos años de que se interpuso la acción de inconstitucionalidad respectiva. Cooptar al Poder Judicial ha sido trabajoso para el presidente, pero lo ha ido logrando poco a poco. Acumulación de poder y anular cualquier contrapeso constitucional es esencia de la 4T.

El ‘permiso’ al subsecretario de Seguridad Pública para llevar a cabo tareas de proselitismo político en estas circunstancias es irresponsable, grotesco, ilegal y muestra los resultados del asedio a los contrapesos democráticos. Representa un botón de muestra de lo que es este gobierno. Ya nada debe sorprendernos.

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