Universidad Iberoamericana de Puebla, Puebla contra la Corrupción e Impunidad.
La economía mexicana lleva ya varios años de magro desempeño. En el sexenio de Peña Nieto creció 2.5 por ciento en promedio anual (alrededor de 1.0 por ciento en términos per cápita). Luego, en el sexenio de López Obrador cayó ligeramente a –0.8 por ciento en 2019, volvió a caer –8.5 por ciento en el año de la pandemia, y logró recuperarse parcialmente en 2021, al crecer alrededor de 5.5 por ciento. Es decir, el PIB se encuentra actualmente 3.5 por ciento por debajo del nivel de 2018. Por habitante (la cantidad de bienes y servicios producidos por persona), dado el crecimiento de la población en estos tres años, el PIB per cápita se encuentra 7.8 por ciento por debajo del que tenía al inicio del sexenio. Para recuperar el nivel del PIB per cápita de 2018, la economía tendría que crecer 4.2 por ciento en promedio anual de aquí a 2024, lo que se ve muy poco probable. Por lo menos no lo será en 2022. De hecho, el Fondo Monetario Internacional acaba de reducir su pronóstico de crecimiento del PIB para este año de 4.0 a 2.8 por ciento.
El estancamiento actual preocupa, pues se están sumando cientos de miles de jóvenes a la fuerza de trabajo que no encuentra empleo y sus perspectivas de futuro se esfuman. La acumulación de personas subempleadas, con ingresos bajos y un futuro incierto, se traduce en migración, pobreza, crimen y otras calamidades. El país no se puede dar el lujo de seguir por ese camino.
Frente al pobre desempeño de la economía desde antes de la pandemia, que empeoró por la falta de respuesta gubernamental para paliar sus efectos (como ocurrió en muchos otros países que sí lo hicieron), y ante el estancamiento y lenta recuperación, cabe preguntar ¿qué se tendría que hacer para que hubiera mayor prosperidad? ¿Cómo podría avanzar la economía más rápido y crear más empleos? La respuesta breve, sin ser suficiente pero sí indispensable, es que haya certidumbre en el ambiente de negocios que estimule la inversión, que se facilite la creación y expansión de los negocios. Con ello se genera empleo y bienestar.
Si bien ‘certidumbre’ o ‘ambiente propicio’ son palabras o enunciados imprecisos, en el contexto actual no es difícil constreñir su significado. Diversas acciones del gobierno actual han generado incertidumbre y han socavado el ambiente de negocios. Algunos ejemplos conspicuos son la decisión de cancelar la construcción del NAIM o la planta cervecera Constellation Brands en Mexicali tras supuestas ‘consultas’. Desde el inicio del gobierno, su política para revertir la reforma energética ha significado la anulación de permisos ya otorgados a empresas privadas, cancelación de sus operaciones ya autorizadas, modificación de reglamentos e intentos legales para darle la vuelta a la Constitución. Todo ello ha llevado a la judicialización de los conflictos, con cientos de demandas de amparo.
Ahora, con la pretensión del gobierno de llevar a cabo una reforma constitucional que le dé pleno control a la Comisión Federal de Electricidad de todo el mercado eléctrico y de la transición energética, la cuerda se tensa. De pasar esta reforma en los términos en que el presidente la ha enviado al Congreso, las consecuencias llegarían mucho más allá del sector energético. En primer lugar, las estimaciones más conservadoras indican que inversiones privadas (nacionales y extranjeras) de alrededor de 40 mil millones de dólares estarían afectadas y que serían litigadas en tribunales nacionales e internacionales. Los litigios tomarían años, pero el daño a la inversión privada sería aún mayor. La incertidumbre que ello generaría (y de hecho ya lo ha causado por la mera amenaza de la reforma) detendría los incentivos a la inversión. Segundo, el costo de producción de la energía aumentaría para todos los consumidores, incluyendo las empresas, lo que disminuirá su competitividad en México y frente a sus competidores internacionales. El Laboratorio Nacional de Energía Renovable de los Estados Unidos estima que el costo aumentaría 52 por ciento si se aprueba la reforma como se ha enviado al Congreso (https://www.nrel.gov/docs/fy22osti/81350.pdf.). Tercero, el uso masivo de combustóleo para la generación de electricidad aumentará 67 por ciento la emisión de partículas de CO2 de acuerdo con el mismo reporte, y el consiguiente aumento de enfermedad y muerte.
Frente a una economía en franca debilidad, aprobar la reforma energética significará la puntilla para el crecimiento económico del país. Así como la cancelación del NAIM ha tenido graves consecuencias que ya observamos, no será nada comparado con los efectos y consecuencias de la aprobación de la reforma energética. Y al ser un cambio constitucional, el daño se prolongaría por largos años, incluso decenios.