Enrique Cardenas

La marcha de la locura

Por decisión de López Obrador, las Fuerzas Armadas han cobrado relevancia, han asumido más funciones y tienen mayor independencia y blindaje del escrutinio público.

Universidad Iberoamericana de Puebla, Puebla contra la Corrupción e Impunidad.

La militarización del país ha estado en marcha desde hace años, pero desde el inicio de este gobierno aceleró su paso. Esto me ha recordado el famoso libro de Bárbara Tuchman, La marcha de la locura, que retrata varios eventos históricos cuyo nefasto desenlace dependió de decisiones insensatas de líderes movidos por sus caprichos personales. Por decisión de López Obrador, en México las Fuerzas Armadas han cobrado cada vez mayor relevancia, asumido más funciones y mayor independencia y blindaje del escrutinio público. Primero fue la consolidación de la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, en contraposición de la promesa de campaña de López Obrador que regresaría a los militares a sus cuarteles. No sólo eliminó la Policía Federal, civil por naturaleza, sino que la Guardia Nacional supuestamente civil nació con ropaje militar y ahora el ropaje se ha vuelto su esencia. La Suprema Corte dejó que los meses avanzaran, que se consolidara la posición de la Marina y la Defensa, para ‘resolver’ la controversia constitucional 90/2020 interpuesta por la oposición en contra del acuerdo presidencial promulgado el 11 de mayo de 2020 que habilita a las Fuerzas Armadas (FFAA) a realizar tareas de seguridad hasta 2024, misma que se debate hoy en la Primera Sala de la SCJN. Lo peor del caso es que los homicidios dolosos en el país no han descendido, a pesar de que la Guardia Nacional cuenta hoy con poco más de 100 mil elementos, mientras que la Policía Federal contaba con solamente 37 mil efectivos. La letalidad de los enfrentamientos que tienen las FFAA con delincuentes también ha vuelto a aumentar: un herido por cada 4.7 muertos en 2020.

Acompañando esta carrera por la militarización de la seguridad pública, el gobierno ha promovido una serie de modificaciones legales que han reducido los derechos de los ciudadanos. Por ejemplo, la ley de extinción de dominio (recientemente limitada por la SCJN), el aumento de las causales para determinar prisión preventiva (utilizada ya varias veces con fines políticos), el uso de la fuerza sin prácticamente ninguna limitación (ya avalado por la Corte), y un largo etcétera. Esta combinación, más atribuciones para las FFAA y menos derechos de los ciudadanos, genera un estado de indefensión propio de regímenes autoritarios en los que la ley es la voluntad del líder.

Como se ha señalado reiteradamente, las FFAA también están ocupándose de muchas otras funciones que normalmente desempeña el mando civil: migración, control de puertos y aduanas, construcción de obras, control aéreo de aeropuertos, operación de actividades civiles del sector público, distribución de programas sociales, atención a la pandemia, entre otros. Cada una de estas funciones tienen sus implicaciones. Por ejemplo, la militarización de los mandos y estructura del Instituto Nacional de Migración repercute directamente en la más frecuente violación de los derechos humanos, como se ha visto en el maltrato a los migrantes. O bien, la distribución de los programas sociales por la Sedena tiene repercusiones potencialmente políticas. De hecho, ahora son más evidentes tras el llamado del secretario de la Sedena a seguir el proyecto político actual. Los soldados repartirán dinero, con las armas en la mano, y podrán ‘sugerirle’ a la gente por quién votar.

Y con el decretazo del lunes, apelando a la ‘seguridad nacional’, las FFAA obtienen legalmente lo que no habían podido lograr: plena opacidad, blindaje del escrutinio público y protección ante el poder civil. Se está cerrando el círculo. El Ejército, la Guardia Nacional y la Marina tienen ahora mucho más dinero, negocios de carácter público que no podrán ser auditados ni estarán bajo el escrutinio público, por lo que la corrupción será más fácil. Ya de hecho, todo indica, está ocurriendo. El reportaje de Latinus sobre corrupción en obras del gobierno realizadas por el Ejército de la semana pasada obtuvo por respuesta del presidente un decreto que proteje a los militares y les da carta blanca en esas actividades, bajo el paraguas de la ‘seguridad nacional’. Es evidentemente inconstitucional, pero mientras se desahoga ese proceso judicial, el decreto estará vigente.

La disminución de los derechos ciudadanos a costa de mayores atribuciones para las FFAA, la toma cada vez más amplia de puestos civiles para ser ocupados por mandos militares en áreas estratégicas, el respaldo político de los mandos militares al presidente y no al Estado mexicano, están ya modificando gravemente la naturaleza del régimen político. Más que militarización, comenzamos a ver razgos cada vez más claros de un militarismo creciente, entendido este último como la influencia de lo político por el orden castrense. Se trata de un gobierno cada vez más autoritario, respaldado por las Fuerzas Armadas, con derechos civiles disminuídos. ¿Cómo se llama este tipo de régimen? Como el dicho del pato: camina como pato, grazna como pato, tiene su anatomía como de pato. No hay duda, es un pato.

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