Universidad Iberoamericana de Puebla/Puebla contra la Corrupción e Impunidad.
Como historiador económico siempre está uno pendiente de esos momentos, sucesos o decisiones que marcan un antes y un después, que marcan un punto de inflexión en la trayectoria de un proceso. No hay duda que los resultados de las elecciones en ciertas circunstancias reflejan cambios de tendencias, aunque no siempre es así. Los comicios de 2018 serán recordados por su trascendencia y por el cambio que seguiría, pero fue un hecho que ya se esperaba de tiempo atrás y, al momento, no se sabía con certeza las medidas que se tomarían y las repercusiones que tendrían. En ese sentido, la cancelación del NAIM a fines de octubre de 2018 fue, me parece, el hecho que marcó una dirección que refleja lo que ha sido este gobierno. Creo que califica como un punto de quiebre para la economía y más concretamente para las expectativas de inversión y la inversión misma. Lo que ha seguido después es consistente con ese hecho, aunque desde luego se restringe a sólo una parte del quehacer público: Estado de derecho, economía, gobernanza, lucha contra la corrupción, etcétera.
Desde entonces y hasta antes de las elecciones de 2021, el presidente López Obrador, respaldado por la coalición legislativa en turno y la inacción de la Suprema Corte al no resolver una serie de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, elementos claves de nuestra democracia y los derechos de los ciudadanos, impulsó su proyecto de la 4T. Esta serie de decisiones y actos por parte del Ejecutivo han mostrado un camino que ha concentrado el poder en el presidente a costa de los órganos constitucionales autónomos, del propio Legislativo, de las organizaciones sociales y de muchos otros grupos de la sociedad. El proceso se caracteriza por una descalificación de quien o quienes se oponen, por la aprobación del presidente de entre 58 y 65 por ciento de la población (a pesar de reprobar en su desempeño prácticamente en todas las áreas), y por la capacidad de determinar casi cualquier tema en el país, incluyendo quién es perseguido por la justicia y quién no.
Las elecciones de 2021 marcaron un cambio fundamental, aunque acotado. Si bien la coalición gobernante mantuvo la mayoría en el Congreso, perdió la mayoría calificada. Si bien ganó la mayoría de los votos, perdió 28 de las capitales más importantes del país, incluida la mitad de la Ciudad de México. Estos hechos por sí son importantes, pero no necesariamente marcan un hito. Lo que realmente muestra un cambio de tendencia es cuando ocurre algo distinto a lo que se anticipaba. Dos hechos clave: la prolongación del mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia por dos años más ya no ocurrirá, y el segundo punto, la ‘postergación’ de la discusión de la iniciativa constitucional en materia energética que, a pesar de ser una iniciativa preferente y por tanto se tenía que dictaminar en este mismo periodo legislativo, la mayoría oficialista decidió hacerlo hasta el próximo año.
Estos dos hechos, pero principalmente el segundo, marcan un antes y un después en el desarrollo de la presidencia de López Obrador. A pesar del enorme capital político que le invirtió a ambas ‘iniciativas’, del cabildeo y promoción en la mañanera y la utilización del poder público, representa un revés evidente, incontestable, al poder presidencial que parecía no tener límites. No haber contado con los votos suficientes ni en la Corte ni en el Congreso para llevar a cabo sus intenciones que afianzarían su poder y que marcarían, quizás, un paso sin retorno hacia el autoritarismo por al menos unas décadas, sí constituye, a mi modo de ver, un hito en la presidencia de López Obrador. Gracias al resultado electoral, pero sobre todo a que la alianza opositora se ha logrado mantener, se está evitando un verdadero cambio de régimen con gravísimas repercusiones para el país. Nada garantiza que así seguirá, pero por ahora se puede ver que hay un punto de inflexión hacia una limitación del poder presidencial. Esperemos que ese cambio de tendencia se mantenga en los próximos años por el bien de nuestra democracia y nuestro país.