Enrique Cardenas

A regañadientes, tarde, pero México firmó. ¿Y?

Sembrando Vida, programa social consentido de López Obrador, ha demostrado que causa el efecto contrario al que se busca.

La declaración de la Cumbre de Naciones Unidas para contener el cambio climático y en favor de la conservación de los bosques y otros ecosistemas signada por 105 países, y al que México se sumó en el último minuto, o más bien en tiempos extras, es una nueva declaratoria que al menos en la retórica política internacional va en la dirección correcta. Sabemos que va a ser difícil evitar el aumento de la temperatura de la Tierra en más de 1.5 grados, pero se debe intentar. Los combustibles fósiles van de salida, se deben acelerar los esfuerzos por las fuentes energéticas limpias, y reducir la emisión de partículas y de gases de efecto invernadero.

Todo eso está claro y si México firmó, no fue por consistencia con la política federal sobre el medioambiente, sino en todo caso por la indignación que causó que no lo hubiera hecho y el costo político que eso pudiera conllevar. De modo que si México suscribió la declaración de Glasgow fue a contrapelo de su política. De hecho, la lucha contra el cambio climático y la deforestación fueron declaradas por López Obrador como una ‘consecuencia’ del neoliberalismo hace unos días. El gobierno no está luchando contra la deforestación, ni lo desea hacer, ni es algo que, por ‘razones de Estado’, no pueda hacer. Más bien el gobierno de López Obrador está siguiendo la línea contraria con toda su virulencia.

Por un lado, Sembrando Vida, programa social consentido del presidente, ha demostrado que causa el efecto contrario al que se busca pues, para obtener los apoyos, los campesinos deforestan lo que está en sus tierras para sembrar árboles que supuestamente les van a dar ingresos en el futuro. Las evaluaciones de este programa son negativas y ampliamente criticadas (Lo bueno es que el presidente López Obrador ya nos tranquilizó al compartirnos que su programa Sembrando Vida había inspirado la sustancia de la conferencia internacional). Tampoco coincide con el sentido de la declaratoria la destrucción de los manglares en Dos Bocas que se hizo en los primeros días del sexenio sin que se cumplieran los mínimos estándares ambientales establecidos en la ley. De igual manera, la selva que está siendo partida por el trazo del Tren Maya, sin responsabilidad por el daño ecológico que está causando, muestra fehacientemente la ‘determinación del gobierno’ por evitar la deforestación.

Pero donde está más clara la política antiambiental del gobierno es en el uso creciente de combustóleo en la producción de electricidad en las plantas de la CFE, que tendrá su asidero constitucional de aprobarse la iniciativa presidencial en materia energética. Actualmente, más de 40 por ciento de los productos refinados por Pemex en sus plantas obsoletas es combustóleo. Este combustible contiene tanto azufre que su comercialización internacional ya está prohibida. De hecho, es uno de los principales factores que causan fallecimientos por contaminación del aire en México (más de 36 mil anualmente), y además aumenta en más de 7 por ciento la probabilidad de contraer Covid si se está expuesto de manera prolongada a estos contaminantes.

Además, la pérdida de protección efectiva a reservas naturales; la reducción de los proyectos ambientales ocurrida en los últimos años; la pérdida de información sobre la calidad del aire, de los suelos y del agua; la inexistencia de monitoreo efectivo de su calidad en las zonas metropolitanas y urbanas más importantes del país complementan el cuadro. La no política ambiental es notoria desde el inicio del sexenio y por ello no causó sorpresa que, de inicio, el gobierno mexicano no firmara la declaratoria ambiental este fin de semana. Era una decisión consistente con la política del gobierno. Pero haberla firmado en el último instante, y luego insistir en que dicha declaratoria se había inspirado en el programa Sembrando Vida, sólo viene a corroborar otra de las políticas gubernamentales transversales: intentar engañar a la población con membretes y cortinas de humo, insinuando que la política ambiental del gobierno es ejemplar.

Y reitero lo que comenté en este espacio la semana pasada. El Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 no toma en cuenta la eventual aprobación de la reforma energética. No considera su impacto económico por las indemnizaciones que tendría que hacer, por los litigios internacionales por ruptura de contratos, entre muchos más, y por los daños ambientales que se le inflingirán a la población por el consumo adicional de energéticos contaminantes. No considerar en lo absoluto una eventual reforma que le da el monopolio del sector eléctrico a la CFE es una grave irresponsabilidad y el Congreso estará fallando si no da a conocer a la opinión pública estos costos. Desde ahora el Instituto de Estudios de las Finanzas Públicas, o preferiblemente un organismo no vinculado con el poder político, debería estar calculando el costo de la reforma para los mexicanos. No se debería siquiera someter a consideración de los legisladores antes de contar con este dato fundamental.

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