Universidad Iberoamericana de Puebla, Puebla contra la Corrupción e Impunidad.

La iniciativa de reforma de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución en materia energética, de aprobarse, seguramente sería una de las medidas más perjudiciales para el país en muchas décadas. Una de esas medidas que dejan rastro por mucho tiempo y que afectan la vida, para mal, de millones de mexicanos, literalmente, más de 130 millones de mexicanos.

Ya se ha mencionado que el impacto de la reforma, de aprobarse, significará darle preferencia a la CFE para que sea la primera en vender la energía que produce. Ello significa tarifas eléctricas más altas (simplemente por la ineficiencia económica de la CFE y por la estructura de mercado monopolista que se establecería) y/o más subsidios a la CFE para brindar el servicio. Hoy sabemos que la energía producida por la CFE es más de 60 por ciento más cara que las energías producidas por los productores independientes de energía utilizando la misma tecnología, y 252.4 por ciento más altas que la producción de energía renovable (Signos Vitales con información de Imco). Las tarifas serán más altas no sólo para el consumidor común y corriente, sino también para las empresas que necesitan energías limpias y baratas, de buena calidad, confiables, que les permitan competir mejor. Una economía con energía costosa, sucia y de mala calidad constituye un lastre para su crecimiento y desarrollo. Además, la tendencia mundial es que habrán impuestos especiales a aquellas empresas que utilicen energías sucias en sus procesos, por lo que las empresas nacionales perderán competitividad por partida doble. Y todo ello sin contar la multiplicación de apagones que de hecho ya iniciaron. La CFE no es confiable.

Adicionalmente, la electricidad de la CFE, por la obsolescencia de sus plantas que se alejan de las tecnologías más avanzadas, son más contaminantes en su producción. Desde que se le ha obligado a la CFE nuevamente a utilizar combustóleo en la generación de electricidad (que a su vez es un residuo de Pemex en su proceso de refinación), emite más partículas PM 2.5 que ningún otro proceso para producir electricidad. De acuerdo con el Action Climate Tracker, “la decisión de favorecer la generación de combustibles fósiles sobre la energía renovable coloca a México en un camino que es aún más inconsistente con los pasos necesarios para alcanzar el límite de 1.5° C del Acuerdo de París”.

El impacto en la salud por la mayor contaminación ha sido alarmante desde hace años y con la reforma empeoraría todavía más. La tasa de mortalidad por enfermedades relacionadas con la contaminación del aire fue de 15.6 por millar en 2019, último dato disponible, lo que implica que más de 36 mil fallecimientos ocurren cada año por esta causa. Para dar una perspectiva, esta es una cifra semejante al número de homicidios dolosos en nuestro país, que está sumergido en una grave crisis de inseguridad.

Por otra parte, la iniciativa de reforma constitucional, de aprobarse, abrirá un sinnúmero de litigios nacionales y extranjeros, que en cálculos preliminares se estiman en un costo para México de más de 60 mil millones de dólares (1.2 billones de pesos, alrededor del 15 por ciento del presupuesto total de 2022, o el equivalente a seis refinerías de Dos Bocas). A ellos habría que agregar la reducción de la inversión a futuro que significará menos empleos y menos crecimiento económico.

Finalmente, regresar a un monopolio estatal en la generación de electricidad, dada la ineficiencia y altos costos de la CFE, significa que los mexicanos deberán destinar cada vez más recursos fiscales para la generación de electricidad en lugar de hacerlo para salud, educación, pensiones, etcétera. Ya en el Presupuesto de 2022, la generación de energía por parte del gobierno distrae 21 por ciento del presupuesto federal.

La iniciativa de reforma constitucional propuesta por el Ejecutivo significa, literalmente, disminuir el caballaje del motor del crecimiento. Es como asestarle un golpe a las piernas de un corredor y contaminar sus pulmones, que le dificultarán avanzar más rápido y le impedirán respirar con fluidez. Así no se puede. Es un lastre excesivamente pesado pues se trata de energía.

Pero lo más grave es que, al ser una reforma constitucional, regresar nuevamente a la posibilidad de contar con un mercado competitivo y eficiente de energía en México será muy difícil en los próximos años y decenios. Aun perdiendo la presidencia en 2024, Morena tendría que perder también el Congreso y el Senado de manera tal, que la actual oposición pudiera realizar cambios constitucionales. Es decir, México se está jugando su futuro económico en el proceso legislativo de esta reforma. Pero en este caso, a diferencia de la cancelación del NAIM en que López Obrador fue el único responsable de tal frivolidad también con serias consecuencias, ahora serán todos los legisladores y legisladoras que voten a favor quienes deberán ser recordados por su papel en retrasar el desarrollo de México y contribuir a la persistencia de la pobreza.