Enrique Cardenas

¿Y los fideicomisos, apá?

La destrucción de los fideicomisos fue consumada sin importar las razones de su existencia ni los beneficios sociales para la población.

Universidad Iberoamericana de Puebla / Puebla contra la Corrupción e Impunidad.

Hace algunos meses el gobierno federal decidió eliminar una serie de fideicomisos que se habían establecido en la administración pública federal a lo largo de muchos años. El presidente López Obrador argumentó que había corrupción en su operación y que daría evidencia de ello. Ya ha pasado más de un año y no hay evidencia de que haya habido corrupción en su manejo, o al menos no se conoce de alguna investigación, mucho menos alguna denuncia en contra de alguna persona por ese presunto delito.

Lo que sí ha ocurrido es que la eliminación de esos fideicomisos (con excepción del que conservan las Fuerzas Armadas) enfrentó mucha oposición de quienes los operaban o quienes dependían de esos recursos para funcionar. Las protestas fueron acompañadas en el Congreso por una parte de la oposición pero no tuvieron, lamentablemente, ningún efecto. La destrucción de los fideicomisos fue consumada sin importar razones de su existencia ni beneficios sociales importantes para la población.

En algunos casos, la pandemia y sus efectos han puesto en evidencia el error garrafal de haberlos eliminado. En otros, desastres naturales o la misma operación de decenas de instituciones ha sido comprometida por la ruptura del flujo de esos recursos y sus impactos se hacen notorios cada vez más.

El primero, obvio, es la eliminación del fideicomiso que contenía la reserva del Seguro Popular. Con un monto de 189 mil 688 millones en 2019 (1.5 veces el presupuesto del ramo de Salud), al eliminar este fondo se dejó sin posibilidades de financiar cientos de miles de tratamientos costosos que antes estaban cubiertos por el Seguro Popular (SP), y que el nuevo Insabi no tiene ni tuvo el año pasado recursos para pagarlos. Teóricamente el Insabi protege a la población por enfermedades cubiertas anteriormente con el SP, pero en la realidad la institución no tiene ese dinero. No se le transfirió del fideicomiso al Insabi (¿dónde está ese dinero?).

Las consecuencias están a la vista. El número de consultas externas especializadas del sistema de salud (no sólo del Insabi) se redujo de 14 millones en 2018, a 13.8 millones en 2019 y, en el primer año sin SP, cayeron a solamente 5 millones. El colapso es fenomenal. No sólo eso, el Coneval dio cuenta hace unos días que 15.6 millones de personas más dejaron de tener acceso al sistema de salud, la gran mayoría de ellos al no tener Seguro Popular. Insisto, no es que el Insabi no los ‘cubriera’, sino que la gente no vio o no tuvo el acceso al servicio y el Insabi no los atendió. Ni tampoco envió a sus pacientes a hospitales privados utilizando el convenio de subrogación que se acordó con hospitales privados el año pasado. Parece que no tenían cómo pagar la subrogación. Así que la eliminación del fideicomiso del Seguro Popular debe haber costado miles de vidas. ¿Cuántas? Es difícil calcularlo. Pero de que murieron muchas personas más que lo habitual por ese tipo de padecimientos que en años anteriores, no hay duda. El Inegi ya lo cuantificó.

El otro fideicomiso que en estos días se ha extrañado es el Fondo Nacional para Desastres Naturales (Fonden), que en 2019 tenía 3 mil 800 millones de pesos. Ante la emergencia por los ciclones, se ha dicho que el gobierno (las secretarías de Estado) se encargarán de la emergencia. El gobierno estatal queda esencialmente al margen y a merced de las secretarías que tendrán que escudriñar en sus presupuestos para saber cuánto es lo que se pueda utilizar en ‘emergencias’. Aquí lo que se ve, más bien, es que no se sabe de dónde va a salir el dinero y qué otro tipo de servicios públicos y otros gastos se tendrán que dejar de hacer para atender la emergencia. Contar con un fondo para desastres precisamente evitaba irrumpir en los planes y proyectos de cada secretaría cada que hubiera un desastre natural que invocara la ayuda del Fonden. Y todo esto sin contar la discrecionalidad con la que se van a utilizar esos recursos, sean muchos o pocos, pues estarán sujetos a ciertas reglas marcadas por la ley de adquisiciones correspondiente. Por lógica, esas leyes no están hechas para este tipo de contingencias y es de esperar que sean más rígidas y obedezcan a otros tiempos. Entonces se invocará la emergencia para gastar sin ningún control. No me queda claro cómo se puede logar así el objetivo de evitar la corrupción.

Y lo mismo podríamos decir de otros muchos fideicomisos que fueron eliminados de un plumazo, sin ser analizados ni medidas las consecuencias. Así, todo al chilazo, no le hace que cueste vidas.

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