El año que comienza va que vuela para convertirse en una tormenta perfecta en materia de inseguridad y violencia. Durante 2020, a pesar del confinamiento, las cosas no mejoraron –o lo hicieron sólo en materia de delincuencia común, no en el problema de fondo del país, que es el crimen organizado–. En los siguientes meses todavía vendrá lo más difícil en términos económicos, conforme se agoten las reservas que han mantenido a flote a muchas empresas y hogares durante la pandemia. A esto hay que agregar un conflicto criminal en ciernes entre el CJNG y una alianza de mafias y bandas locales, conocida como Cárteles Unidos, que opera en Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán y Morelos, y que es auspiciada por el Cártel de Sinaloa. Para colmo, tendremos los comicios más grandes de la historia del país. Se renovarán los gobiernos locales en prácticamente todas las entidades federativas, con los riesgos que ello implica.

En este contexto, la agenda de la nueva secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, será necesariamente extensa. Sin embargo, si desea evitar que 2021 sea un completo desastre en materia de seguridad, será indispensable que dé resultados en al menos tres frentes.

El primer frente para Rodríguez consiste en sumar a su estrategia de seguridad la voluntad de gobernadores y alcaldes. Un reto sumamente difícil en el actual contexto de polarización, por no decir pleito, entre la 4T y la oposición. Creo que ella lo tiene claro. La semana pasada, durante su primer acto público como secretaria, buscó mandar un mensaje al respecto al enfatizar que "...la seguridad es un reto que exige unidad, trabajo coordinado, constancia y voluntad. La seguridad no acepta exclusiones…". Por supuesto, en este terreno las palabras no serán suficientes.

Por un lado, se tiene que reconstruir una relación de trabajo con aquellos gobiernos que quieren entrarle al tema, pero que han sido marginados por la 4T. Por otro lado, se tienen que buscar nuevas formas de presionar a quienes prefieren no entrarle. A estas alturas es claro que algunos gobernadores, incluyendo a morenistas, simplemente no tienen incentivos para intentar pacificar sus estados. El caso más obvio es Baja California, donde la guerra entre las franquicias locales del CJNG y del Cártel de Sinaloa ocasionó el año pasado un aumento de 26 por ciento en los homicidios vinculados con el crimen organizado. Hacen falta nuevos mecanismos para presionar a dichos gobiernos. Tal vez la presión podría venir precisamente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, sobre todo ahora que la titular es una operadora política experimentada, que además forma parte del círculo de mayor confianza del Presidente.

Un segundo frente para la secretaria de seguridad consiste en tomar las riendas sobre la política de detenciones, también conocida como selección de blancos, y darle un sentido más estratégico. Es imposible planearlo todo, pero los arrestos de capos deben dejar de verse como moneda de cambio en la relación con Washington o, peor todavía, como un fin en sí mismo. Ahí está, por ejemplo, la captura de El Marro, que todos celebramos en su momento, pero que hasta ahora no ha servido para devolver la tranquilidad a Guanajuato –de hecho, las semanas que siguieron a la captura estuvieron entre las peores en la historia del estado en términos de violencia–. Es necesario que el gobierno federal y los gobiernos estatales –salvo contadas excepciones– dejen de dar palos de ciego, y que los arrestos, junto con las otras herramientas que poseen para golpear al crimen organizado, se integren a una fórmula para avanzar hacia la pacificación efectiva del país.

El tercer frente es el de la violencia electoral y, de forma más general, el involucramiento del crimen organizado en las elecciones. En este punto hay que asumir que los criminales van a intentar intimidar o comprar candidatos. Por ello, la Guardia Nacional podría hacer una gran diferencia en estas elecciones si se plantea un programa amplio de acompañamiento y protección a candidatos y a alcaldes electos –es decir, uno que se construya a partir de la recolección de inteligencia y que vaya más allá de repartir algunos vehículos blindados y escoltas–. ¿En dónde? El riesgo existe en todos los municipios del país, pero es particularmente alto ahí donde hay más arraigo de la narcopolítica. Es decir, en prácticamente todo Michoacán y Morelos, y en amplias regiones de Chihuahua, Guanajuato, Guerrero y Jalisco, así como en cualquier municipio con un alto número de policías asesinados.

La prueba será difícil. Sin embargo, si Rosa Icela la aprueba —es decir, si logra la primera disminución significativa de los homicidios en siete años, y si evita que el crimen organizado siga asesinando candidatos al por mayor—, el cielo sería el límite en lo que resta de su carrera política.