El manotazo de AMLO
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El manotazo de AMLO

19/11/2018

Desde que Felipe Calderón dio inicio a los operativos conjuntos hace doce años, parecía haber un consenso: al menos de dientes para afuera todos los líderes del país —civiles y militares— decían que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública debería ser transitoria; un mal necesario en tanto se depuraban y profesionalizaban las fuerzas policiales civiles. Durante la campaña, el mismo AMLO, insistió en esta aspiración.

Todo cambió con el golpe en la mesa del pasado miércoles. No sabemos si este golpe era la idea desde el principio, si el planteamiento lo hizo el General Audomaro Martínez (el paisano y asesor del futuro Presidente) o si el equipo de transición encontró sorpresas desagradables en el proceso de recepción de la Policía Federal. El caso es que el pasado miércoles AMLO y los suyos prácticamente sepultaron dicha institución, junto con la fantasía de que la militarización del país será temporal.

En un interesante gesto de franqueza, el Presidente electo reconoció que la política consiste en “optar entre inconvenientes”. Él, y quienes lo precedieron en el uso de la palabra (Alfonso Durazo, Luis Sandoval y Mario Delgado), no dejaron margen para muchas dudas. Frente al evidente fracaso de las policías civiles en la lucha contra el crimen organizado, el próximo gobierno optará por poner la seguridad del país en manos de las Fuerzas Armadas.

Durante el acto en el que se presentó el “Plan Nacional de Paz y Seguridad” (en la sucesivo Plan) no se escatimaron elogios para el Ejército. También se enfatizó que sería “impensable” prescindir de su participación en tareas de seguridad pública. En el texto del Plan se destaca la lealtad de nuestras Fuerzas Armadas (que se describe como una “singularidad histórica” en América Latina). En contraste, a la Policía Federal se le regatea cualquier mérito. El Plan la describe como un “agrupamiento con déficit de disciplina, capacitación y profesionalismo”. No se aclara si la Guardia Nacional absorberá completamente a dicha corporación, pero Mario Delgado incluso habló de “la actual” Policía Federal, como quien se refiere a algo que pronto dejará de existir.

La decisión contundente de optar por la militarización de la seguridad pública causó algo de escándalo entre líderes de opinión. Sin embargo, podría ser un golpe maestro en términos políticos. Es innegable que las Fuerzas Armadas cuentan con mayor prestigio que las corporaciones policiales, incluida la Policía Federal. La Marina y el Ejército no sólo son, muy de lejos, las dos instituciones de seguridad en las que más confía la población nacional; de acuerdo con el INEGI también son las dos instituciones que más confianza generan en cada una de las 32 entidades federativas.

Por supuesto, las Fuerzas Armadas tienen un gran talón de Aquiles. Son más propensas que cualquier policía civil a incurrir en violaciones graves a los derechos humanos (en particular, por el altísimo índice de letalidad de SEDENA y SEMAR). En alguna medida el Plan se anticipó a las críticas que vendrían desde ese flanco débil, pues se enfatiza el compromiso con un mayor respeto a los Derechos Humanos y se incluyen algunos planteamientos concretos, como tipificar como delito el incumplimiento de recomendaciones tanto de la CNDH y como de las comisiones estatales de derechos humanos. Sin embargo, AMLO haría bien en demostrar con hechos, desde el primer día de su gobierno, que efectivamente buscará una transformación de las Fuerzas Armadas, no un mero empoderamiento. Dar impulso a investigaciones por violaciones graves cometidas por elementos de las Fuerzas Armadas sería una de la mejores señales que podría dar.

Hay otro “inconveniente” sobre el que no se elaboró mucho, pero que sí se dejó entrever. Entre el federalismo que prevé la Constitución, y un modelo centralista más funcional, se optará por el centralismo. En este punto todo parece indicar que los militares también tendrán una participación central, pues se propone que en cada estado, y en cada una de las 266 regiones en las que se dividirá al país, el mando operativo lo tenga un militar. En el Plan se establece incluso que los consejos estatales de seguridad pública habrán de reunirse “diariamente a temprana hora” a imagen y semejanza de las reuniones del equipo de seguridad que encabezará López Obrador.

El aspecto del Plan que resulta menos viable se refiere a la visión de “Construcción de Paz” que se busca poner en marcha. El modelo de justicia transicional que se describe es atractivo en el discurso. Sin embargo, pareciera diseñado para la desmovilización de actores con legitimidad política (como podría ser un grupo insurgente o incluso un grupo paramilitar), no de grupos criminales del corte de los que predominan en México. En algunos casos excepcionales el modelo de justicia transicional se podrá poner en marcha (e incluso servir como herramienta para una efectiva reconciliación social). Por ejemplo, se podría explorar como un mecanismo para recuperar la paz en las comunidades donde actualmente la población se dedica al robo de combustible. Sin embargo, en México el grueso de la violencia se explica por conflictos entre organizaciones criminales sumamente rentables y de alta peligrosidad. Resulta ingenuo pensar que estas organizaciones van a desarmarse a cambio de una potencial reducción de sentencia.

El Plan que se presentó el pasado miércoles es todavía un documento vago y esquemático (la versión escrita incluso contiene numerosas erratas, lo que sugiere que se elaboró de forma apresurada). Es muy probable que algunas de las ideas se queden en el camino, sobre todo cuando llegue la hora de cuadrar presupuestos. Sin embargo, este documento contiene los esbozos de la mayor transformación de las instituciones de seguridad que se haya propuesto en la historia reciente de México. El texto denota pragmatismo. AMLO prefiere asumir el costo de reconocer sin muchos miramientos que la apuesta al “fortalecimiento institucional” de las policías ha sido un fracaso, abortar esa misión y apostarle a un nuevo enfoque. Está por verse si será capaz de imponer esta agenda, o al menos de construir un nuevo entendimiento, con quienes previsiblemente se resistirán: gobernadores, alcaldes y mandos policiales.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.