Todos los gobiernos, y el de Claudia Sheinbaum no es una excepción, buscan instintivamente cifras alegres: datos calculados con una perspectiva de marketing político, bajo la premisa de que la autoridad solo puede hablar bien de sí misma, anunciar invariablemente logros y resultados. A los analistas nos toca pensar mal. Ante las cifras alegres, estamos obligados a preguntarnos: ¿si el gobierno nos quisiera engañar, cómo lo haría? ¿Dónde estaría la trampa?
Claudia Sheinbaum –y su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch– llegaron al Ejecutivo federal con el aval de una de las historias de éxito más contundentes en lo que concierne al combate al crimen organizado. Durante su gestión en la capital (en concreto, de 2020 a 2023) los homicidios bajaron más de 40 por ciento. Esta caída en los homicidios se sostiene, de forma consistente tanto si se analizan las cifras que el gobierno federal publicó a partir de datos proporcionados por la fiscalía capitalina, como la estadística que el Inegi elabora a partir de actas de defunción, así como el conteo que yo coordino de forma independiente.
Hay, además, un factor que hace que la historia de éxito reportada en la capital en esos años sea irrefutable: a la par de la caída de los homicidios dolosos, hubo una mejora significativa en la percepción de seguridad. Con la paz llegó también la tranquilidad. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI (ENSU), de diciembre de 2020 a diciembre de 2023 el porcentaje de capitalinos que manifestaron sentirse “inseguros” cayó de 67 a 46 por ciento.
Ahora, desde el gobierno federal, Claudia Sheinbaum nos dice que la historia de éxito se repitió y que es incluso más contundente. Las cifras de homicidios dolosos que reportan las fiscalías apuntan a que la caída de más de 40 por ciento ya se logró, solo que esta vez tomó apenas 18 meses, la mitad del tiempo que fue necesario en la Ciudad de México.
No obstante, esta vez la historia de éxito no es redonda. En el primer año de Sheinbaum como presidenta, la percepción de seguridad no mejoró; empeoró de forma marginal. De acuerdo con la ENSU, de diciembre de 2024 a diciembre de 2025 el porcentaje de mexicanos que dicen sentirse “inseguros” creció de 67.8 a 69.4 por ciento. Esta divergencia no es menor: sugiere que el homicidio ha dejado de ser el principal determinante de la percepción de inseguridad. Es posible que otros delitos de alto impacto, como la extorsión, las desapariciones o el control territorial del crimen, pesen ahora más en la percepción pública.
Carolina Jasso, consultora del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, resume bien la paradoja en un documento publicado recientemente: “Menos homicidios, más preguntas”. Ahí Jasso plantea diversas hipótesis para explicar la caída en los homicidios: desde cambios estructurales de largo plazo; hasta cambios en la estrategia de las organizaciones criminales que generan violencia, pasando por errores de medición y la reclasificación de delitos. El documento de Carolina Jasso ofrece un marco amplio para reflexionar sobre el inquietante proceso de paz sin tranquilidad en el que estamos inmersos.
Todavía es pronto para buscar una explicación concluyente, pero me parece que se pueden adelantar dos observaciones. La primera es que la caída de los homicidios que el gobierno presume no es una manipulación estadística burda. No son meras cifras alegres. El monitoreo independiente que yo coordino confirma la acelerada disminución de los asesinatos que se reporta en la estadística oficial para el último año y medio. Creo, entonces, que en lo esencial podemos descartar que la disminución registrada sea un artefacto estadístico producto de la reclasificación de casos hacia homicidios culposos o hacia la categoría de “otros delitos”.
La segunda observación es que el proceso de pacificación que actualmente se reporta en el ámbito nacional, si bien es real, es de naturaleza distinta a lo que ocurrió en la Ciudad de México de 2020 a 2023. En el caso de la capital, la principal razón por la que los homicidios bajaron fue que los operativos de la policía capitalina limitaron seriamente la capacidad de operación de las mafias más violentas, como La Unión Tepito y sus rivales. Hoy, estas mafias son apenas una sombra de lo que eran hacia 2020.
Las organizaciones que generan el grueso de la violencia en el ámbito nacional, como el CJNG, las facciones del Cártel de Sinaloa, el Cártel del Noreste o La Nueva Familia Michoacana, hoy operan de forma distinta a como lo hacían hace año y medio. Se han vuelto más cautelosas en el uso de la violencia homicida. Todo indica que este cambio responde a un ajuste estratégico más que a una merma en sus capacidades operativas: en un entorno de mayor presión, tanto por parte de las autoridades mexicanas como de las estadounidenses, el uso intensivo de la violencia puede resultar contraproducente a sus intereses.