En 2027 se celebrarán las elecciones intermedias de la segunda administración presidencial surgida de Morena. Una de las prioridades de este partido será preservar y ampliar el poder acumulado en los últimos años. En este contexto, será clave para ellos retener la mayoría de las 12 gubernaturas en su poder y, de ser posible, arrebatar algunas de las cinco que están ahora en manos de la oposición. Como el PRI en su momento, Morena no aspira únicamente a ser mayoría; busca también consolidarse como partido hegemónico.
Además de privilegiar perfiles con arraigo y carisma, y de sostener el discurso antineoliberal que le ha resultado tan rentable, Morena enfrentará la necesidad de negociar candidaturas con actores regionales que detentan poder real. Tras los acuerdos internos, varias postulaciones deberán atravesar una primera “aduana” informal: la del crimen organizado (CO). En amplias zonas del país, el control territorial y la capacidad de fuego de estos grupos los convierten en actores políticos de facto. En estados como Tamaulipas, Guanajuato, Sinaloa, Guerrero, Michoacán o Baja California, resulta difícil imaginar campañas viables sin algún grado de tolerancia o aquiescencia criminal.
A esta primera “aduana” interna se suma cada vez con mayor peso una segunda “aduana”, ésta de carácter externo: la de Estados Unidos. Quienes sean designados como candidatos deberán también sortear el escrutinio de las agencias estadounidenses. En este contexto, es previsible que Washington rechace o presione en contra de cualquier perfil que, a su juicio, mantenga vínculos con organizaciones criminales clasificadas como Foreign Terrorist Organizations (FTO), lo que introduce un nuevo factor de veto informal en la definición de candidaturas.
Tras el revés electoral sufrido por Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México en 2021, la operación política y electoral de la entonces jefa de gobierno fue delegada a un grupo más experimentado y pragmático. De cara a 2027, estos mismos operadores –junto con los llamados “coordinadores territoriales”, que en los hechos se desempeñarán como precandidatos– tendrán la ardua tarea de construir acuerdos de gobernabilidad en regiones complejas, lo que incluye la interlocución con grupos de poder formales e informales.
En territorios considerados estratégicos, aquellos grupos criminales que se rehúsen a pactar las candidaturas podrían enfrentar presiones desde el centro. En este esquema, instituciones como las Fuerzas Armadas –mediante el uso de la fuerza– o el SAT –mediante auditorías y sanciones fiscales– operarían como instrumentos para ejecutar los acuerdos o, en su caso, generar las sanciones contra quienes rechacen pactar. En caso de lograrse, estos acuerdos electorales pueden tener efectos deseables en el corto plazo, pues generarían incentivos para la reducción o estabilización de la violencia y los delitos de alto impacto.
Desde la perspectiva del crimen organizado, el consenso anticipado en torno a candidaturas reduce la incertidumbre política y evita disrupciones indeseables (como sucedió en su momento con las candidaturas de Evelyn Salgado o de Carlos Manzo). Asimismo, facilita la coordinación entre distintas células, al establecer compromisos compartidos –por ejemplo, en materia de reducción de la violencia– que favorecen la estabilidad relativa de los mercados ilícitos.
En términos territoriales, pueden identificarse diversos escenarios. Un primer bloque incluye Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora y Chihuahua, donde la fragmentación derivada de disputas internas del Cártel de Sinaloa ha generado procesos de atomización criminal. En estas entidades coexiste la presencia del CJNG con la de grupos locales relevantes, lo que abre espacios para acuerdos rápidos, dado que algunos actores criminales, como Los Zambada, requieren respaldo político para sostenerse.
Un segundo bloque lo conforman Nayarit, Colima, Zacatecas y Aguascalientes, con fuerte presencia del CJNG. Aquí los acuerdos pueden ser más complejos debido a dinámicas internas de transición, y a la necesidad de negociar con liderazgos regionales poco cohesionados. Finalmente, Michoacán y Guerrero presentan dinámicas interdependientes pero diferenciadas. En Guerrero han existido acuerdos políticos que han contenido parcialmente la violencia, pero que son altamente frágiles. En Michoacán, el gobierno estatal ha logrado cierto nivel de entendimiento con grupos locales, pero enfrenta la dificultad de moderar conflictos entre organizaciones altamente antagónicas como Cárteles Unidos y el CJNG.
Así pues, la construcción de alianzas políticas en 2027 no será una mera maniobra electoral, sino un complejo proceso de negociación territorial sujeto a presiones simultáneas internas y externas. Para el grupo gobernante, asegurar gubernaturas afines no solo implica ganar elecciones, sino articular un entramado político que sea viable tanto frente a redes criminales locales como frente al escrutinio estadounidense. De no lograrse este doble equilibrio, no solo se dificultará la operación política del gobierno federal, sino que probablemente aumentaría la fragmentación criminal, el debilitamiento institucional y la autonomía de los actores criminales, con efectos directos sobre la estabilidad y la seguridad del país.