La Fiscalía General de la República es tal vez la institución más impresentable de México. En cuestión de gobernadores, legisladores y secretarios de Estado siempre hemos tenido de todo. Pero de los fiscales y procuradores, no me viene a la memoria uno solo que se salve. Del escándalo con Antonio Lozano Gracia y La Paca, a la insistencia de Marisela Morales de solapar el montaje del caso Cassez, a la verdad histórica de Murillo Karam, la historia es una cadena ininterrumpida de fiascos. Esto no es casualidad, ni es enteramente culpa de los titulares.
El sistema de procuración de justicia en México no está diseñado para investigar, mucho menos para armar una estrategia de persecución penal orientada a disminuir la incidencia criminal. La PGR sirvió históricamente como un mecanismo de coerción al servicio del poder político, una herramienta para proteger la impunidad de los poderosos. Un rasgo importante de esta institución es que no hacía falta que fuera muy profesional que digamos. Todo lo contrario, siempre se privilegió que los delegados estatales y los demás funcionarios clave fueran leales y que no tuvieran muchos escrúpulos. Tanto mejor si estaban acostumbrados a trabajar de forma desaseada.
Esto no cambió con la consagración de la autonomía de la FGR en la Constitución. Para el gobierno siguió siendo impensable prescindir del uso discrecional del poder de la fiscalía (que es, nada menos que el poder para arrestar y encarcelar). Sin embargo, este esquema ha demostrado ser disfuncional para la realidad que vivimos: con índices delictivos desbordados, pero con medios de comunicación relativamente libres, que constantemente exhiben los abusos y la incompetencia de la fiscalía.
En este contexto, coincido con la lectura de que a Gertz Manero no lo renunciaron porque haya sido particularmente abusivo (que sí lo fue), ni porque se le haya pasado la mano con las filtraciones (que seguramente se hacían con el visto bueno de Palacio Nacional). Me quedo con la explicación de que la presidenta se fastidió con la ineficacia en lo relativo al combate al crimen organizado. Es por eso que Sheinbaum optó por restablecer el equipo que le dio buenos resultados en la Ciudad de México, la dupla García Harfuch-Godoy. El plan parece replicar lo que sí funcionó en la capital: una estrategia para desarticular o al menos debilitar a los grupos criminales más violentos, no por medio del uso indiscriminado de la fuerza pública, sino de una estrategia judicial construida con base en inteligencia policial.
Ojalá, por el bien de todos, que a Ernestina Godoy le vaya bien en esta nueva encomienda. Me temo que no la tendrá nada fácil. La dupla –pero en particular Ernestina– no la tendrá fácil porque en el ámbito nacional, a diferencia de lo que ocurría con las mafias y pandillas que operaban en la capital, los grandes cárteles tienen redes de protección institucional del más alto nivel. Las acciones contra La Unión Tepito o el Cártel de Tláhuac podían concretarse con recursos relativamente limitados y no suponían una amenaza para la cohesión de Morena.
En contraste, si García Harfuch y Godoy avanzan con una estrategia contundente en contra de El Mencho, de Los Chapitos y de su gente, las resistencias van a empezar a sentirse en serio. La fiscal (que además tendrá que trabajar con una estructura en parte anquilosada y en parte cómplice de esos delincuentes) será el principal blanco de las presiones y los ataques.
Sin embargo, creo que con la salida de Gertz Manero se abre una posibilidad de cambio, remota pero no del todo inviable. Todo dependerá de si la presidenta, el secretario de seguridad y la fiscal –a pesar de los riesgos y las presiones– deciden perseverar y avanzar hacia la neutralización de las principales organizaciones criminales del país (junto con sus redes de protección institucional). Para lograrlo, tendrán que fortalecer las capacidades de investigación al interior de la FGR. Es algo que no pasará de la noche a la mañana, pero que podría dar algunos frutos para fines del sexenio.
Sería un triunfo por partida doble. Por un lado, por los resultados que se podrían obtener en materia de combate al crimen organizado. Por otro lado, porque una FGR más profesional y con mayor prestigio tendría también un mayor margen de autonomía. Aunque su titular esté políticamente subordinada al Ejecutivo (que lo estará sin duda), una estructura profesionalizada sería menos proclive a permitir, al menos de forma burda y descarada, el uso discrecional de la persecución penal.