En las próximas semanas, México nombrará a un nuevo titular de la Fiscalía General de la República (FGR). Pocas decisiones institucionales tendrán un impacto tan profundo para el futuro del país. No sólo se trata de elegir a la persona que dirigirá la persecución penal en los próximos años; se trata de decidir el tipo de Estado que aspiramos a ser. En un país donde los organismos mafiosos se robustecen y multiplican, donde la corrupción permea los tres niveles de gobierno, y donde el crimen posee peso electoral propio en varias regiones, la designación del fiscal será una prueba decisiva de la voluntad de las autoridades ejecutivas y legislativas para defender el Estado de derecho.
Para entender por qué esta decisión es tan importante, basta recordar una premisa fundamental de la teoría constitucional: ‘La fiscalía es el puente institucional entre el poder que detiene (el Ejecutivo) y el poder que juzga (el Judicial)’. Ese puente convierte la fuerza pública en legalidad procesal. Cuando funciona bien, el Estado protege derechos, contiene abusos y reduce los espacios de arbitrariedad. Cuando falla –por captura política, debilidad institucional o infiltración criminal– el edificio completo de la justicia se resquebraja.
México ha experimentado las cuatro patologías posibles: fiscalías utilizadas para perseguir adversarios políticos; fiscalías capturadas por el crimen; fiscalías incapaces de investigar delitos elementales, y fiscalías que operan como entes ensimismados, aislados del resto del sistema de justicia. Estas disfunciones no son anomalías aisladas: todas surgen, en mayor o menor medida, de instituciones vulnerables a la presión política, la captura criminal o la inercia burocrática. El resultado es visible: una impunidad superior al 90%, un Poder Judicial asfixiado por lastres estructurales y millones de ciudadanos que perciben –con razón– que la ley se aplica selectivamente o no se aplica en absoluto.
Frente a este panorama, la independencia de la FGR no es un lujo jurídico ni un capricho académico; es una condición de supervivencia para el Estado mexicano. Montesquieu advirtió hace casi tres siglos que no existe libertad cuando el poder que ejecuta la ley controla también el poder de perseguir penalmente. Los Federalist Papers refuerzan esta idea: la justicia sólo es posible si el órgano acusador puede actuar sin temor ni subordinación al Ejecutivo. La experiencia comparada lo confirma: países que lograron contener al crimen organizado –como Italia, Colombia o España– lo hicieron cuando sus fiscalías operaron con autonomía real, controles internos robustos y capacidad para investigar también al propio gobierno.
La autonomía, sin embargo, no basta por sí misma. Existe el riesgo de una autonomía patológica, en la que la fiscalía se convierte en una isla burocrática más preocupada por protegerse que por colaborar con policías y jueces. También existe el riesgo inverso: que el crimen capture mandos medios, como ha ocurrido en varias fiscalías estatales. La solución no es renunciar a la autonomía, sino diseñarla correctamente. Esto implica, al menos, cuatro elementos: mandatos fijos no coincidentes con el del presidente; controles externos efectivos vía el Poder Judicial y el Legislativo; profesionalización estricta del personal de investigación, y transparencia radical que permita evaluar resultados sin opacidad burocrática.
Tal vez el desafío más delicado es otro: cómo coordinar a una fiscalía autónoma con un Ejecutivo responsable de desplegar la fuerza pública, especialmente en un contexto donde existen grupos criminales con control territorial, poder económico y presencia política. La solución no es la subordinación, sino una arquitectura de coordinación basada en información compartida. El Ejecutivo puede –y debe– definir prioridades nacionales de seguridad (extorsión, homicidio, corrupción). Pero no puede ni debe indicar a quién investigar, cuándo judicializar ni qué casos deben permanecer inactivos. En una democracia, la estrategia penal es responsabilidad del Estado, pero los casos concretos deben ser responsabilidad de la fiscalía.
Un fiscal general independiente también es indispensable para contener la gobernanza criminal que se expande en diversas regiones del país. Grupos que regulan mercados, cobran “impuestos”, arbitran disputas y manipulan elecciones prosperan donde las fiscalías locales están capturadas o carecen de capacidades. Ninguna fuerza policial puede sostener operativos prolongados si no existe una fiscalía capaz de transformar inteligencia en casos viables, investigar estructuras completas y resistir presiones o amenazas. Lo que más teme el crimen organizado no es el despliegue masivo de soldados, sino la combinación de investigación sólida y jueces independientes.
El próximo fiscal general enfrentará un reto monumental. Tendrá que reconstruir credibilidad institucional, profesionalizar al personal, blindar la institución contra la infiltración criminal y –quizá lo más difícil– demostrar que la ley puede funcionar sin atender instrucciones políticas. Si la fiscalía se convierte en un brazo del Ejecutivo, el país se deslizará hacia la arbitrariedad. Si, en cambio, se consolida como un órgano autónomo, profesional y coordinado, México tendrá la oportunidad real de romper el ciclo de impunidad que alimenta la violencia y la corrupción.